CÁDIZ, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, anunció hoy que ha solicitado a la Junta de Andalucía que cuantifique los daños y perjuicios que pudieran derivarse del fenómeno de "turbidez persistente" del río Guadalquivir desde noviembre, que está afectando a los municipios gaditanos de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.
En un comunicado, García indicó que esta iniciativa, materializada en una proposición no de Ley, plantea que el Gobierno andaluz, junto con otras administraciones y entidades que pudieran estar relacionadas con el asunto, se haga cargo de "las oportunas compensaciones o, en su caso, indemnizaciones por los daños causados".
Asimismo, instó al Consejo de Gobierno de la Junta a que, tras la investigación pertinente, elabore un informe "exhaustivo" que establezca y aclare las causas del fenómeno, así como la procedencia y característica de los fangos detectados, además de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones relacionadas con las causas. Además, reclamó que el informe incluya las "recomendaciones pertinentes" para evitar que se repitan estos hechos.
García lamentó el papel desempeñado hasta el momento por la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al "intentar explicar la turbidez del río por causas naturales relacionadas con la abundancia de lluvias". En este sentido, mencionó el informe elaborado por Piscícola de Trebujena, S.A (Pistresa), que relaciona directamente el origen del fenómeno con el desembalse de la presa sevillana Alcalá del Río producido durante los días 21, 22 y 23 de noviembre con el propósito de aliviarla.
El parlamentario señaló que esta labor de desembalse, propia de épocas de alta pluviosidad, tuvo dimensiones superiores a lo normal, "si el promedio de suelta de agua era hasta entonces de nueve metros cúbicos por segundo, durante esos tres días consecutivos fue de 484 metros por segundo, lo que provocó el arrastre de más de cinco millones de toneladas de fango cuya procedencia está aún por determinar".
Finalmente, reclamó "agilidad" en la actuación del Gobierno regional porque "la realidad es que los daños y efectos sobre la economía de la zona pueden calificarse ya de graves, por lo que es necesario aclarar consecuencias y responsabilidades y tomar medidas para resarcir a los perjudicados por los cuantiosos daños".
