LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/CÁDIZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional del PP y secretaria de Organización de los populares en Canarias, Carmen Guerra, ha solicitado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique las causas de la muerte del preso que falleció en el traslado en barco de Tenerife a Cádiz.
Guerra realizó este anuncio en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de los familiares del interno de 26 años, natural de Arucas (Gran Canaria), Gonzalo Cedrés, que murió el pasado 20 de junio cuando era sometido a un trasladado "forzoso" a la península para atender una requisitoria judicial en Ávila.
La respuesta de Rubalcaba a esta pregunta, "ya registrada", será en septiembre cuando se vuelva a retomar la actividad parlamentaria.
La diputada popular explicó que conoció este caso a través de un periódico y fue cuando decidió ponerse en contacto con la familia porque los políticos "estamos obligados a ser la voz de las personas a las que representamos, sobre todo, a los que están pasando dificultades".
El joven cumplía condena por robo en el centro Tenerife II y llevaba interno desde los 19 años; había cumplido nueve años de los impuestos y le quedaba uno para salir de prisión.
Actualmente el cuerpo se encuentra en las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Cádiz.
Guerra indicó que se trata de una situación "muy dura pero todos queremos saber la verdad, qué paso esa noche y por qué se han dado toda una serie de condiciones. En el proceso ha habido muchas irregularidades y la familia ha sido tratada por las instituciones de manera humillante, ya que a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con ellos".
Al respecto, explicó que ella se dirigió el pasado martes a la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, para informarle de que la familia de Cedrés "no había tenido ningún contacto con instituciones penitenciarias" y, según Guerra, Darias "respondió que le habían dicho que lo habían hecho pero, no obstante, me pondré en contacto con ellos".
LOS HECHOS.
En cuanto a lo ocurrido, Guerra informó de que el interno falleció el viernes 20 de junio pero la muerte no se les comunicó a la familia hasta "el lunes" cuando recibieron una llamada de la Policía Judicial de Cádiz quien les "informa del fallecimiento y solicita que vayan a buscar el cuerpo".
Por ello, prosiguió Guerra, al conocer los familiares la noticia decidieron buscar ayuda porque el traslado del cuerpo a Canarias suponía 7.000 euros.
Por su parte, los familiares criticaron las explicaciones que la Policía Judicial de Cádiz había dado sobre la muerte del preso, ya que a su entender "no han sido claras porque primero se dijo que tenía Alzehimer y después que había sufrido una hemorragia interna porque tenía una enfermedad que desconoce la familia".
El abogado de la familia, Francisco Espino, informó de que el traslado del cuerpo del interno "ha tardado" porque se pretendía esperar a tener los resultados finales de la autopsia pero como éstos "van a tardar", se prevé que entre el próximo lunes y el martes se le de sepultura en su localidad.
ARCHIVAR EL CASO.
Por otro lado, Espino se refirió a la posibilidad de que el juez archive el caso, y al respecto indicó que "se va a recurrir todo lo que se pueda" para que continúen las diligencias porque "ahora el caso está en situación de investigación".
Añadió que ha solicitado una serie de pruebas, entre ellas, las declaraciones de los dos presos que iban en el barco que falleció Cedrés, así como la de los guardias civiles que viajaban, pero "no se responde" a esta petición.
Agregó que a la familia le "llama la atención que el capitán del barco dice en el libro de navegación: a mí no me ha comentado nadie la medicación que había que darle ni antes ni durante el trayecto".
Espino señaló que al ver estas declaraciones decidió solicitar el historial clínico del preso pero "no existe", mientras que el capitán realizó las declaraciones "sin nadie preguntar". La única forma de saber si estaba tomando alguna medicación "es que esté recogido en el historial clínico que lo pidió Instituciones Penitenciarias y fue enviado de forma urgente, sin dejar copia ni originales en la sede del juzgado".
Por ello, el abogado ha solicitado que se reenvíe ese historial. Para el abogado, el juzgado tenía "dos muertos, el cuerpo del fallecido y el procedimiento; ya se han quitado un muerto y el martes se quieren quitar otro" con la sepultura de Gonzalo Cedrés.
El abogado subrayó que en el informe provisional del forense, a la familia se le comunica que el día que murió --20 junio-- "comió bien y se encontraba bien". Sin embargo, los compañeros de celda señalaron que Gonzalo estaba "sentado en su cama, sin hablar, quedándose dormido y notaron que tenía problemas a la hora de respirar".
Para Espino hay "bastantes" contradicciones entre unas y otras declaraciones, así como en el informe preliminar de la autopsia donde, por un lado, se indica que pudo morir por causas violentas y, por otro, por causas naturales, e incluso por sobredosis. Además, se recoge que Gonzalo tenía tuberculosis y hepatitis C, por lo que "si tenía esa enfermedad hubiese necesitado medicación".
FAMILIA "MALTRATADA".
Guerra incidió en que la familia de Gonzalo "ha sido muy maltratada, de manera indigna en todo esto". Por ello, agregó que "en el escenario político no descansaré hasta que sepamos qué pasó; no hago hipótesis pero los ciudadanos tenemos que saber la verdad. Esto es una familia pero hay muchísimas que no son tratadas dignamente".
Por su parte, la madre de Gonzalo, Carmen Rodríguez, se remitió a la última vez que vio a su hijo con vida, el 10 de junio, y señaló que estaba "fabuloso" y tenían "muchos proyectos juntos".
Su padre, Manuel Cedrés, subrayó que "estaba lleno de salud, era un volcán lleno de esperanza. Para nosotros esa muerte fue violenta". "No nos hemos enterado de nada. Los canarios no somos nada".
Actualmente, un total de 1.276 canarios cumplen condena en centros penitenciarios que no están en la Comunidad Autónoma, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. Además, en el archipiélago cumplen condena 3.308 personas.
