JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local identificaron y posteriormente denunciaron ante la Inspección de Guardia de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a cuatro personas, vinculadas al sindicato CGT, que fueron sorprendidas realizando "pintadas atentatorias" contra la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez (PSOE), en plena vía pública, concretamente en el Polígono Industrial Bertola.
Según indicó el Ayuntamiento jerezano en un comunicado, tras identificar a estas cuatro personas, los agentes de la Policía Local se personaron en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para realizar las oportunas diligencias, a las que se adjuntó el material con el que se estaban realizando las citadas pintadas, así como "numerosas pegatinas similares a las que en los últimos meses vienen proliferando por la ciudad, en las que se achaca a la alcaldesa el problema del paro y en las que se vierten manifestaciones calumniosas sobre la misma y sobre otras personas de su círculo de colaboradores".
Asimismo, el Ayuntamiento manifestó que horas más tarde los propios agentes descubrieron varias pintadas similares en pleno centro de la ciudad, concretamente en el entorno de la Catedral, así como en el domicilio particular de la alcaldesa y en el recinto monumental del Alcázar, calificado como Bien de Interés Cultural "y por tanto sometido a especiales normas de protección debido a su valor histórico".
Así, señaló que "ante la gravedad de estos hechos atentatorios contra la primera autoridad de la ciudad, contra unas siglas políticas, contra terceras personas y contra el patrimonio de los jerezanos", la alcaldesa de Jerez y el Gobierno local "se reservan el derecho de emprender cuantas acciones legales consideren oportunas para responder a unos injustificados actos que suponen una inaceptable campaña de acoso y desprestigio a raíz de la suspensión de la relación laboral de 17 personas con la Gerencia Municipal de Urbanismo".
Además, el equipo de gobierno mostró su "enérgica condena de unas prácticas que nada tienen que ver con el ejercicio de un sindicalismo democrático y respetuoso y que sin duda descalifican por sí solas a sus autores".
También indicó que "por este motivo y por respeto a las reglas democráticas y al conjunto de la ciudadanía, el Gobierno local deja de considerar a estas personas como interlocutores de cualquier proceso negociador" y anunció que pondrá "todos los medios a su alcance para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes desarrollan este tipo de prácticas en la ciudad".
