Cámara de Cuentas fecha en junio de 2002 el inicio de diferencias contables en la caja municipal de San Fernando

Actualizado: lunes, 24 mayo 2010 13:24

Considera "atípico" el "elevado volumen de recursos monetarios que es gestionado a través de la Caja Municipal"

CÁDIZ/SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) sobre la fiscalización de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), realizado desde el año 2001 al 1 de abril de 2009, estableció como fecha de inicio de las diferencias contables en la citada caja el 10 de junio de 2002 y concluye con la confirmación de una diferencia entre el efectivo real en caja y su saldo contable de 7.869.703 euros, lo cual "parece deberse a un presunto quebranto de caudales públicos".

Según el informe de la Cámara de Cuentas al que tuvo acceso Europa Press, el 10 de junio de 2002 es el momento a partir del cual el saldo contable de la caja refleja un importe superior a 20.254 euros y mantiene tal condición de manera creciente e ininterrumpida hasta llegar, el 1 de abril de 2009, a la diferencia final de 7.790.515 euros.

Asimismo, advierte sobre el "elevado volumen de recursos monetarios" que es gestionado a través de la Caja Municipal, tal y como se refleja en las "importantes cuantías" que representan sus cobros y pagos. En este sentido, la Cámara de Cuentas añade en su informe que se trata de una "situación atípica, que se aleja de cualquier práctica razonable sobre la administración de una caja municipal".

La Cámara de Cuentas analizó una muestra de 9.071 documentos contables justificativos de los cobros (el 73,83 por ciento del total) y pagos (el 96,14 por ciento del total) realizados, llegando a la conclusión de que no hay errores significativos en la contabilidad, lo que supone que el saldo contable que refleja la caja municipal es consecuencia de la realización de cobros y pagos auténticos, derivados de hechos y operaciones reales.

No obstante, sobre estos documentos añade el informe que se han detectado "numerosas irregularidades y anomalías" en tales documentos contables, como no tener anexada su documentación justificativa soporte, anulaciones contables de cobros practicadas por causas no justificadas, cobros y pagos de los organismos autónomos que se gestionan, sin embargo, a través de la caja municipal, impuestos municipales cobrados por caja durante el período ejecutivo de recaudación sin que se haya practicado, con carácter previo, el oportuno acto de liquidación tributaria, documentos de pago sin la firma del ordenador del pago, del interventor o del interesado, así como la identificación de documentos que se hallan duplicados o que han sido elaborados con posterioridad a la fecha que dicen tener.

DINERO RECAUDADO POR LA GRÚA MUNICIPAL DESAPARECIDO

La Cámara de Cuentas señaló que se han identificado 79.187 euros, recaudados por la Policía Local (con motivo de las tasas devengadas por la retirada de vehículos de la vía pública por parte de la grúa municipal y por las autorizaciones municipales obtenidas para el corte de calles) que no llegaron, sin embargo, a ingresarse en la Caja Municipal, por lo que "han desaparecido antes de que llegaran a contabilizarse".

Asimismo, indica el informe que el dinero presuntamente quebrantado tienen un "doble origen": el metálico remitido a la caja desde las cuentas corrientes en entidades financieras de titularidad municipal (a modo de inyección de liquidez, dada la aparente necesidad que mostraba) y los recursos propios, autogenerados por esta.

Además, añade que el presunto quebranto de caudales públicos proveniente de las inyecciones de liquidez practicadas ascendería, como máximo, a 2.244.571 euros (cuantía que se corresponde con el total de remesas remitidas a la caja procedente de las cuentas bancarias, desde el 10 de junio de 2002 hasta el 1 de abril de 2009), mientras que el dimanante de los recursos autogenerados por la propia caja municipal se situaría en los 5.545.944 euros.

Así, el presunto quebranto de caudales públicos a 1 de abril de 2009 queda finalmente cuantificado por la CCA, "de acuerdo con las evidencias obtenidas", en 7.869.703 euros, lo que significa que es superior en 78.408 euros a los 7.791.294 euros denunciados por la entidad local auditada.

En este sentido, la CCA recuerda en su informe que este presunto quebranto pudiera dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable, así como de aquellas otras que pudieran proceder, con arreglo a lo establecido por el ordenamiento jurídico.

ACTAS DE ARQUEO IRREGULARES

La Cámara de Cuentas señaló que el acta de arqueo es el principal instrumento con el que cuenta una entidad local para el control de una caja de caudales, ya que permite confrontar, en una fecha concreta, su importe real (resultante del recuento físico practicado) con el saldo que refleja la contabilidad y conciliar, en consecuencia, las posibles diferencias obtenidas.

Así, señala en su informe que durante el período fiscalizado, el Ayuntamiento isleño no confeccionó el libro auxiliar de actas de arqueo (preceptivo hasta el año 2005), tampoco las actas de arqueo de fin de ejercicio y se dejaron de elaborar cuatro de las nueve extraordinarias que debían haberse realizado.

Además, afirma que las actas de arqueo efectuadas adolecen de importantes irregularidades. Así, contienen información sobre las existencias en metálico depositadas en entidades financieras, a pesar de que desde el año 2002 no se debían incorporar; en cuatro se incluyen los valores (fianzas avaladas), aun cuando fueron excluidos de su contenido en 1992 y en ninguna de ellas se compara, de manera explícita, el importe obtenido tras el recuento físico con el saldo contable en la fecha del arqueo, ni se indica (ni se justifica, por tanto) la diferencia a conciliar.

Por todo ello, la Cámara de Cuentas de Andalucía concluyó que el Ayuntamiento de San Fernando "no ha ejercido un adecuado control sobre la caja municipal durante el período 2002-2009", lo cual podría motivar la exigencia de responsabilidad contable, así como de aquellas otras que, en su caso, pudieran derivarse, con arreglo a lo establecido por la normativa vigente.