Cárdenas: "El PP arrasa con todos los servicios públicos y no puede dar ni media lección sobre cómo mantenerlos"

Actualizado: martes, 1 julio 2014 18:08

CÁDIZ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha acusado al PP de "arrasar con todos los servicios públicos" y, por ello, "no puede dar ni media lección sobre cómo mantenerlos". Tras las críticas del PP gaditano a la gestión de la Junta sobre los consorcios de transportes, Cárdenas ha asegurado que su departamento es "garante de la prestación óptima del servicio de transporte metropolitano, a pesar de las dificultades que impone el Gobierno central con sus continuas políticas de asfixia y recorte".

En un comunicado, el delegado territorial ha subrayado que su departamento asume el 55 por ciento de la financiación de los nueve consorcios metropolitanos, un diez por ciento más de lo que le corresponde por Ley.

Además, ahora ha abierto "un proceso de diálogo claro y transparente" con el resto de entidades consorciadas, ayuntamientos y diputaciones para adaptar los consorcios metropolitanos de transporte al nuevo marco legal a partir del año próximo con la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Señala que dicha ley implica, entre otros aspectos, un cambio del régimen jurídico y financiero de los consorcios. "La Consejería lleva la iniciativa para garantizar la mejor prestación de los servicios. Lo mínimo que se espera del PP es que colabore y no ponga palos en las ruedas", ha afirmado Cárdenas.

"El PP evita afrontar con claridad este proceso de diálogo porque carece de compromiso con el transporte público, por lo que prefiere la confrontación y la acusación sin fundamento", censura Cárdenas tras las declaraciones de la portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre.

Al respecto, apunta que "sólo un concepto patrimonialista y caciquil de lo público puede llevar a una dirigente política a acusar de manera totalmente infundada a la Consejería de perseguir fines distintos a la mejor prestación de unos servicios que suman el 92 por ciento de la demanda total de transporte público en Andalucía".

Asegura que la "única preocupación" de la Consejería es el funcionamiento "óptimo" de los consorcios, para lo que es "imprescindible el compromiso de todas las administraciones consorciadas", agrega.

"El PP arrasa con todos los servicios públicos allí donde gobierna, por lo que no puede dar ni media lección sobre cómo mantenerlos. En todo caso, podría dar clases magistrales sobre cómo destrozarlos y privatizarlos", ha afirmado Cárdenas.

ESTRATEGIA DEL PP PARA ELUDIR OBLIGACIONES

Asimismo, ha expresado su "temor" a que el PP pretenda con estas afirmaciones "disimular que quiere quitarse de en medio y eludir las obligaciones de los ayuntamientos en los que gobierna con el transporte público".

Cárdenas ha recordado que la adecuación a la norma estatal afecta al conjunto de los nueve consorcios que prestan el servicio público de transporte en las áreas metropolitanas andaluzas, de ahí que la Consejería esté celebrando una ronda de reuniones en todos ellos, en el marco la iniciativa del Gobierno andaluz de abordar el futuro de dichos entes antes de que expire el plazo para la adaptación, al objeto de garantizar la prestación óptima del servicio a partir del año que viene.

Resalta que la Ley 27/2013 obliga a los consorcios a estar adscritos a una de las administraciones que lo integran, y dado que la Junta de Andalucía ostenta en cada uno de ellos una participación superior al resto, será la Consejería de Fomento y Vivienda la responsable de asumir su titularidad.

Explica que esa consideración de entes autonómicos supone un cambio en el reparto de las participaciones públicas establecido hasta ahora en los consorcios, fijado en un 45 por ciento para la Junta, un 50 por ciento para todos los ayuntamientos de cada aglomeración y un cinco por ciento para cada diputación.

Con las nuevas condiciones, la Junta pasará a ostentar la representación mayoritaria, con un porcentaje superior al 50 por ciento, lo que supone una modificación en la gestión, la administración, el presupuesto y las inversiones de dichos entes, en función de las nuevas competencias.