CÁDIZ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo y vicepresidente del Consorcio Rector de Las Aletas, Antonio Fernández, aseguró hoy que se está suministrando a la Abogacía General del Estado la información necesaria para que elabore un informe que tenga "toda la consistencia" y aporte las respuestas a los "tres grandes problemas" que consideró el Tribunal Supremo (TS) para anular la declaración de reserva sobre 287 hectáreas de terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
Tras mantener en Cádiz una reunión extraordinaria sobre esta cuestión con el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia gaditana, Fernández aclaró que la sentencia del TS anula un acuerdo del Consejo de Ministros que tiene un fundamento de carácter técnico-jurídico basado en un "exhaustivo" informe de la Abogacía del Estado, con lo que la sentencia es "revisable" y para ello están aportando la citada información.
Según dijo, los datos suministrados garantizan que los terrenos de Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz), son "el único sitio posible para instalar este parque", por lo que consideró que el TS "tendrá que reconocer" que es "el único territorio de la provincia con los elementos de infraestructuras y localización" y que "no hay ningún otro suelo" posible.
ÚNICA UBICACIÓN PARA EMPRESAS "INOCUAS" CON EL MEDIO AMBIENTE
Además, se trata de "la única localización posible" para las empresas que se instalarán allí, defendiendo el carácter "inocuo" e "inofensivo" de las mismas respecto a unos valores "teóricamente existentes" desde el punto de vista medioambiental.
En este sentido, señaló que se han identificado las posibles empresas, que son "reflejo de la nueva economía sobre la que estamos trabajando" y que están vinculadas a la I+D+i y a la Universidad de Cádiz, insistiendo en que "no hay ningún otro terreno en el que se puedan extender" en toda la provincia.
A pesar de ello, Fernández aseguró que "no es el momento oportuno" para dar a conocer a la opinión pública cuáles son esas empresas, aunque sí aludió a proyectos de "generación energética a partir de microalgas" que sólo allí contarían con los elementos necesarios para su desarrollo.
UN SUELO "DEGRADADO"
Por otra parte, el vicepresidente del Consejo Rector de Las Aletas puso en cuestión los valores medioambientales "teóricamente existentes" a los que alude el TS y que, a título personal, dijo no encontrar por tratarse de unos terrenos considerados "por todo el mundo" y "desde hace años" como "degradados".
En este sentido, aseveró que el proyecto de Las Aletas "incorpora la recuperación de unos valores" que los terrenos "no tienen en estos momentos", citando los "más de 70.000 arbustos" previstos, así como "más de 1.000 árboles, la recuperación de las vías pecuarias, un carril bici" o la "recuperación de todos los caños".
A su juicio, el proyecto supone "una inversión medioambientalmente buena para toda la Bahía en unos terrenos que, por desgracia, tienen un abandono y una degradación en la actualidad".
Asimismo, mencionó que otro de los aspectos que el TS consideró "insuficientemente justificado" es el tiempo por el que hay que delimitar la concesión del dominio público marítimo terrestre, señalando que "se aceptará" y "se irá al tiempo máximo" que permite la ley.
De este modo, aseguró que "garantizamos la reversibilidad" y, por tanto, la "incoherencia" de que "dentro de 70 años" se puedan "volver a poner los terrenos tan degradados como hoy", dijo en alusión a los valores medioambientales que considera el TS y de los que, en su opinión, "carecen" los terrenos.
RESULTADOS
Antonio Fernández argumentó que con todos estos elementos se va conformando el nuevo informe de la Abogacía del Estado que tiene que contestar a las consideraciones del TS y que demuestre que es el único emplazamiento posible para el proyecto. Así, la Abogacía del Estado propondrá al Consejo de Ministros que adopte el instrumento conveniente y oportuno que garantice que la inclusión de esas hectáreas al proyecto.
"No se trata de un debate ideológico ni político con el Supremo", señaló el consejero, quien añadió que "no queremos pelearnos con el Supremo ni que él se pelee con nosotros", manifestando que está en juego el "interés general" de la provincia de Cádiz, que se verá privada de un enclave industrial que "nunca vendrá de no existir el Parque de Las Aletas".
En cuanto a los plazos, reconoció que la ciudadanía "exige ayer mejor que mañana", aunque en este caso "preferimos" dar la solución "pasado mañana" pero "con más fundamento", elaborando un informe con "todos y cada uno de los extremos que pueden ser cuestionados en el futuro", aunque abogó por sacarlo "pronto".
APOYO UNÁNIME A LAS ALETAS EN EL CES
Por otro lado, en la reunión mantenida hoy por el Consejo Económico y Social de la provincia, sus integrantes llegaron a un acuerdo "por unanimidad" consistente en la defensa de "un frente común para el mantenimiento y el desarrollo de Las Aletas".
A juicio del CES, cualquier otra cuestión que se plantee en este momento es "temeraria" y "va contra el proyecto", ya que se trata de una cuestión que "debe permanecer ajena a la confrontación política y los intereses localistas".
Del mismo modo, acordó solicitar que se finalice "cuanto antes" el informe de la Abogacía General del Estado y que se dé "traslado inmediato" del mismo al Consejo Rector de Las Aletas y a las instituciones en él representadas, reconociendo y apoyando, además, el papel del citado Consorcio como "órgano encargado de desarrollar y llevar a cabo este proyecto".
