14 de octubre de 2019
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  • 21 de noviembre de 2009

    Ecologistas trasladan a Chamizo el "riesgo" de los buques en el mar de Alborán por el bunkering de Gibraltar

    ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

    Los colectivos ecologistas del Campo de Gibraltar señalaron hoy que, ante la "falta de respuesta del Gobierno central", han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la situación de "riesgo potencial" que supone para el medio ambiente y la economía de la Costa del Sol el trasiego de buques por el mar de Alborán mientras "esperan para hacer bunkering en Gibraltar".

    El portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, explicó a Europa Press que "miles de barcos" que al cabo del año hacen avituallamiento en Gibraltar se "aprovechan del paso inocente" para "infringir, entre comillas, la legislación vigente en materia de navegación marítima".

    En este sentido, explicó que "la bahía está saturada, al igual que la parte Este del Peñón", que "está atestada de barcos", con lo que los buques "esperan dando vueltas" "desde Fuengirola (Málaga) hasta La Línea de la Concepción" (Cádiz) para hacer bunkering en Gibraltar.

    Según el portavoz ecologista, esto supone "un enorme riesgo" económico y ambiental en caso de accidente, puesto que muchos de estos buques son "petroleros, gaseros o trasladan materias peligrosas".

    Muñoz dijo que "se aprovechan del paso inocente" porque, según la legislación, "no le puedes decir nada a no ser que fondeen", con lo que "cada vez son más los barcos los que esperan dando vueltas por el mar de Alborán" navegando "a un nudo o a medio nudo" mientras esperan para hacer avituallamiento de combustible "sin que nadie haga ningún tipo de control", criticó.

    Asimismo, indicó que muchas veces los barcos "fondean más allá de las tres millas que Gibraltar dice que tiene al Este, es decir, en aguas territoriales españolas, y todo ello sin que nadie les diga absolutamente nada", insistió.

    Finalmente, se quejó de que Verdemar-Ecologistas en Acción dio traslado del asunto al Gobierno central, que "no ha tomado cartas en el asunto", por lo que decidieron poner la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz con el fin de que "medie" para "evitar lo que podría suponer una catástrofe".