18 de octubre de 2019
7 de marzo de 2014

García (IU) destaca sobre el auto de Alaya que "hay que ser muy cuidadoso al lanzar investigaciones al Parlamento"

CÁDIZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de IULV-CA y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Ignacio García, ha manifestado que al recurrir el auto de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, para indagar "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz, la Fiscalía Anticorrupción "le ha venido a recordar que el Parlamento es un poder que merece respeto" y, en esta línea, García ha subrayado que "hay que ser muy cuidadoso cuando se lanzan investigaciones al Parlamento".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, García señala que, de alguna manera, Anticorrupción ha indicado a Alaya que "hay que ser muy cuidadoso", entre otras cuestiones porque "los parlamentarios, en el ejercicio de sus funciones, tienen la inmunidad y la inviolabilidad que les corresponde".

Además, destaca que, pese a que "se le ha dado mucho bombo", la información que pide Alaya "es pública", pues "todas las actas, los participantes en cada comisión y los miembros de cada comisión, en este caso la de Hacienda, es pública". Por tanto, "puede ser consultada en este momento en la página web del Parlamento".

Asimismo, apunta que "cualquiera que entienda qué es el Parlamento sabe que se limita a aprobar autorizaciones de gasto, no cómo se ejecuta, a quién se contrata o qué procedimiento se utiliza".

Reflexiona García que lo que se está planteando en el caso de los ERE podría aplicarse a cualquier cosa. En este sentido, ha puesto como ejemplo que el Congreso de los Diputados aprobara una partida para dotar de equipamientos a la Guardia Civil y que, luego, ese dinero se utilice para comprar pelotas de goma y "se usen para impedir la llegada de inmigrantes por agua como ha ocurrido en Ceuta".

En este sentido, se pregunta "si es responsabilidad del Congreso por haber aprobado una partida para equipamiento de la Guardia Civil o de quien da las órdenes para que se ejecuten".

Por tanto, entiende que si ha existido alguna irregularidad "no es problema del Parlamento" por haber aprobado una partida, sino "de quien lo ejecuta".