CÁDIZ, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha anunciado este lunes que, tras conocerse la resolución sancionatoria que la agencia de la competencia ha aplicado a las clínicas Pascual por un importe aproximado de seis millones, pedirá a la Junta que "se revise el concierto en vigor y que se despeje cualquier duda de que siga conteniendo cláusulas que dentro de cuatro años nos lleven a valorar otra vez una cifra millonaria de beneficio ilícito de Pascual".
En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA Inmaculada Nieto ha recordado que el convenio en vigor a día de hoy fue firmado por la Junta, que en su momento defendió que "estaba perfectamente justificado y era adecuado", cuando las clínicas estaban ya siendo investigadas.
Tal y como ha apuntado la dirigente de IU, "la sanción impuesta a las clínicas se deben a un abuso de su posición de dominio, especialmente en Cádiz, donde cuenta con clínicas con puertas de urgencias, y al uso de esa posición para trasladar a la administración precios abusivos por la asistencia médica de personas derivadas del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".
Para Nieto, "esta resolución confirma lo que IU ha dicho en muchas ocasiones: que la relación entre las clínicas Pascual y el SAS es una relación muy desequilibrada y que la Junta no hace valer el interés general o la necesidad de prestar un servicio adecuado, sino que se pliega, una vez tras otra, a los requerimientos y deseos de una empresa que por 25 años mantiene una preeminencia total en el mercado de la salud".
Así, ha indicado que la resolución, que abarca el período de tiempo que va desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 8 de junio de 2017, "recoge que Pascual ha obtenido un beneficio ilícito de 164 millones de euros, en concepto de aplicación de precios abusivos y de usar su posición de dominio".
La portavoz parlamentaria de IU ha afirmado que es "absolutamente escandaloso", mientras ha declarado que "Pascual está ganando mucho dinero con la salud" de los andaluces y parte de ese dinero es "ilícito". "Los 164 millones de euros que arroja la resolución son el dinero que la Junta entrega a Pascual sin defender el interés general, que es además el dinero que falta en Cádiz para reforzar la red pública sanitaria", ha apostillado.
En última instancia, Nieto ha señalado que "la sanción que no ha sido más gravosa porque la agencia ha considerado una atenuante que la propia Junta, que denunciaba estas prácticas, hubiese firmado un nuevo concierto con esta empresa".
