20 de marzo de 2019
20 de enero de 2014

A juicio este lunes por estafar a 15 personas en la venta de plazas de garaje en El Puerto en 2003

CÁDIZ, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge este lunes y el martes el juicio contra un hombre acusado de estafar a 15 personas con la venta de unas plazas de garaje en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María que nunca llegaron a recibir.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al último semestre del año 2003, cuando el procesado, que era administrador único de la mercantil Embarhouse, S.L., recibió el encargo de otra empresa, concretamente de Títulos y Rentas Sociedad Anónima de Inversiones, de publicitar la venta de determinadas plazas de garaje ubicadas en un residencial y de las que era propietaria esta última empresa.

Así, durante el último trimestre de 2003, el acusado publicitó la venta de plazas de garaje y, "con ánimo de obtener beneficio ilícito", supuestamente informaba a los interesados de que actuaba en nombre de la empresa propietaria de las plazas y solicitaba que, a título de reserva, ingresaran anticipadamente determinadas cantidades en dos cuentas, ambas titularidad de Embarhouse y administrador único el acusado.

De esta forma, los interesados ingresaban diferentes cantidades a modo de reserva, pero cuando llegaba el momento de adquirir las plaza definitivamente, el acusado demoraba la adquisición bajo el pretexto de la existencia de determinados problemas con la escrituración de las plazas de garaje.

Según el relato del fiscal, los perjudicados no pudieron ponerse en contacto con el acusado, pues este cerró la oficina y tampoco atendía a las llamadas efectuadas al número de móvil que había facilitado. La cantidad percibida y que no devolvió a los perjudicados y tampoco fueron transferidas a Títulos y Rentas, supera los 51.100 euros.

Considera el Ministerio Público que los hechos descritos son constitutivos de un delito de estafa agravada, por lo que entiende que procede imponer una pena de seis años de cárcel y una multa, así como indemnizar a las víctimas con las cantidades que les fueron estafadas.