JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pedro Pacheco ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por el conocido como caso 'Huertos de Ocio', como consecuencia de una operación urbanística realizada por la ya extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que él presidía como regidor del municipio jerezano en 2003 para desarrollar unos suelos en la zona de San José Obrero.
Según ha indicado a Europa Press su abogado, la sección octava de la Audiencia Provincial ha condenado al exalcalde jerezano también a tres años y seis meses de inhabilitación por la permuta, siendo absuelto de falsedad y no considerando que hubiera delito en el expediente de recuperación de la parcela.
En la primera sesión del juicio, Pacheco defendió la "legalidad" de la operación, reiterando que el acuerdo para la permuta con una promotora para "transformar" los suelos en los que se "sembraba patatas" hasta convertirlos "en unifamiliares" a cambio de una bodega en la calle Medina se aprobó en el consejo de la GMU y en el Pleno "por mayoría", así como que sólo hubo una "abstención" de IU por "táctica política".
Asimismo, explicó que la operación en el sector se inició "a iniciativa de la promotora", que el "objetivo" del Ayuntamiento con este acuerdo era "revitalizar" la zona oeste de la ciudad junto al antiguo ferrocarril y "dar un paso más" adquiriendo la bodega Palomino & Vergara para "darle contenido" y poner en marcha una "incubadora" de empresas.
En la misma línea, señaló que como en otras operaciones, el Ayuntamiento solía optar por "vender" o "permutar" las parcelas de las que era propietario en un sector, como así hicieron en una operación que calificó de "fácil" y que, en principio, "los inquilinos aceptaron" sin que hubiera "pegas", hasta que "surgió la acusación particular".
En este sentido, Pacheco insistió en que la permuta con la que se transfería el 68 por ciento de la finca por un edificio más un complemento "neto en metálico" hasta completar el 100 por 100 "estaba perfectamente hecha, porque no había informe que dijera lo contrario".
Por su parte, el último día del juicio, su abogado, Manuel Hortas, resaltó la "ineludible" vinculación política de los hechos al contextualizarse entre 2003 y 2005, "una época en la que Jerez tuvo tres alcaldes", en virtud de los pactos de gobierno PSA-PSOE Y PSA-PP, así como las "mastodónticas" dimensiones de la GMU, cuyo consejo de administración encargado de tomar las decisiones estaba formado por personas designadas de distintos grupos municipales "que se vigilaban para al menor tropiezo llevar a cabo una actuación políticamente letal".
