CÁDIZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE jerezano, con carácter estrictamente voluntario, al objeto de "no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial".
Así lo ha indicado en un comunicado el PSOE de Jerez, después de que el Juzgado de lo Penal número 3 de la localidad haya condenado a Sánchez, hasta ahora directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, a dos años de prisión, nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros por el 'caso desvío de fondos', que investigaba la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas municipales.
El PSOE, que incide en que la exregidora toma esta decisión justo en el momento en que se ha conocido la sentencia, ha incidido en que, de esta forma, quedará suspendida la relación de militancia con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía por parte de la "histórica" militante jerezana.
El abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, ha confirmado a Europa Press el sentido de la sentencia, que ha avanzado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
El fallo judicial declara a Sánchez responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. Por el delito de fraude en subvenciones fija dos años de inhabilitación y siete años por el de prevaricación. Además, la condena a dos años de prisión y al pago de una multa de 8,6 millones.
SÁNCHEZ ASEGURÓ QUE NO SE LLEVÓ "NADA"
Cabe recordar que el juicio quedaba visto para sentencia el pasado 17 de junio tras cuatro sesiones. El Ministerio Fiscal solicitaba tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros.
El fiscal sostuvo durante el juicio que existió prevaricación porque la exalcaldesa usó los fondos de la cuenta restringida del Plan E "sabiendo que no se podían usar para pagar la nómina".
Por su parte, el abogado de Sánchez pidió la libre absolución de su patrocinada, sosteniendo que no cometió "ninguna ilegalidad" y se limitó a usar fondos públicos para cumplir "una obligación" de cualquier alcalde como es el pago de las nóminas a la plantilla.
En la última sesión del juicio, la procesada aseguró que no se llevó "nada", que no fue la beneficiaria y que tampoco lesionó al Ayuntamiento. Asimismo, se mantuvo firme en que adjudicó todas las obras del Plan E, cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero "siempre se hacían".
