CÁDIZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico del PP de Cádiz Rafael Ruiz Canto ha llamado la atención sobre los "lapsus de memoria" del exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, después de su declaración este viernes ante la jueza que instruye el 'caso Bahía Competitiva', afirmando que "escurre el bulto" al decir que "no conoce nada ni a nadie".
En un comunicado, el dirigente popular incide en que el exconsejero y actual parlamentario andaluz socialista llegara a decir "no recordar" el convenio que articulaba el funcionamiento de la Oficina del Plan Bahía Competitiva, "firmado por él mismo", en el que se incluía la comisión tripartita entre el Ministerio de Industria, la Junta --a través de la Consejería que dirigía-- y la Diputación, para el reparto de las ayudas.
"Según su declaración, no lo recuerda, sólo se limitó a firmarlo y posteriormente desconoce todo lo que ocurre", explica Ruiz Canto, quien se pregunta "qué clase de gestión realizó Vallejo como consejero cuando firma un convenio sin enterarse de su contenido y posteriormente, se desentiende de su ejecución".
Asimismo, recuerda que el Plan Bahía Competitiva "fue vendido por la Junta como la panacea para la provincia de Cádiz tras el cierre de Delphi en 2007", siendo Vallejo, como responsable de Innovación entre 2008 y 2009, "el que más de una vez vino a la provincia a 'vender' las bondades de dicho plan".
Por ello, cuestiona que "no mantuviera un seguimiento de su desarrollo ni hablara del asunto con la entonces delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz, e incluso llegue a decir que no conoce a quien era gerente de la Agencia IDEA en la provincia bajo su mandato", en referencia a Domingo Sánchez Rizo.
En este sentido, Ruiz Canto califica de "incomprensible y poco creíble" que el exconsejero de Innovación "desconociera a un compañero de partido y cargo político dependiente de su departamento".
El diputado popular considera que las "lagunas" en las declaraciones de los dirigentes socialistas en la instrucción sitúan el caso en "un sálvese quien pueda, cuyo único objetivo es eludir la responsabilidad que las altas instancias del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía pudieron tener en el fraude de los fondos públicos que iban destinados a la reindustrialización de la provincia gaditana", ha zanjado.
