CÁDIZ, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP aseguró hoy que el hecho de que el pasado día 10 de abril una patrullera de la armada real británica expulsara a una embarcación de la Guardia Civil que, en el cumplimiento de sus obligaciones, se encontraba persiguiendo a una planeadora de las aguas españolas que rodean Gibraltar, debe llevar al Gobierno español a plantearse un "giro radical" en las relaciones con la colonia británica y, "si esta actuación cuenta con el apoyo del Foreign Office, también con el Reino Unido".
Según informó en un comunicado el diputado nacional del PP José Ignacio Landaluce, el Gobierno de España "no puede permitir" que una embarcación del Instituto Armado sea expulsada "de su propia casa y, usando para ello la intimidación", por lo que el PP va a pedir en el Congreso de los Diputados respuestas para esclarecer los hechos "muy graves que no son la primera vez que ocurren".
De este modo, el diputado 'popular' indicó que va a pedir la comparecencia urgente de los responsables de exteriores para que expliquen qué ha ocurrido y qué ha hecho hasta el momento el ejecutivo sobre este asunto, "una situación que no recordábamos desde la detención por las autoridades gibraltareñas de varios ciudadanos españoles que faenaban en aguas españolas próximas al peñón a bordo del pesquero Piraña, en enero de 1999".
Por otro lado, Landaluce dijo que una patrullera de la armada británica no apunta con sus armas a una embarcación de la Guardia Civil de España "salvo que haya recibido órdenes estrictas para así hacerlo, por lo que cabe preguntarnos qué pretenden Caruana y Gordon Brown con este acoso, un hostigamiento que viene de un socio y aliado como es el reino unido.
Landaluce concluyó que reiterando la gravedad de los hechos y recuerda que hace apenas tres días el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, mantuvo un encuentro en Madrid con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, una reunión en la que, a juzgar por las noticias que de ella han trascendido, no se habló de esta nueva y preocupante afrenta a los intereses de España y los españoles.
Por tanto, cuestionó el papel que está jugando el Gobierno socialista en las relaciones con Reino Unido y Gibraltar y no sería descabellado plantear un giro radical en las mismas en tanto no la cordura y la legalidad no se impongan, "una legalidad que pasa única y exclusivamente por el reconocimiento por parte de las autoridades británicas de la jurisdicción española sobre las aguas que rodean al peñón".
