JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el denominado 'caso desvío de fondos' contra la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, ha quedado este martes visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez.
En la cuarta sesión del juicio, Sánchez --acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones-- ha vuelto a prestar declaración y se ha ratificado en lo dicho en sesiones anteriores. También se han ratificado el interventor y el tesorero del Ayuntamiento jerezano, que han declarado nuevamente a petición de la defensa de Sánchez.
En su alegato final, el fiscal --que pide para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros-- ha puesto en tela de juicio que, como declaró la imputada, llamara a la directora general del Ministerio competente para informar de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias.
Asimismo, considera que ha quedado "demostrado" que no existió el comité de crisis al que ha venido aludiendo Sánchez y que tampoco había un plan formal de reintegro. De la misma forma, entiende que existe la "posibilidad real de duplicidad de pagos" de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.
El fiscal ha sostenido que existió prevaricación porque usó los fondos de la cuenta restringida del Plan E "sabiendo que no se podían usar para pagar la nómina".
LIBRE ABSOLUCIÓN
Por su parte, el abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, ha pedido la libre absolución de su patrocinada, ya que se limitó a usar fondos públicos para cumplir "una obligación" de cualquier alcalde como es el pago de las nóminas a la plantilla.
Asimismo, ha subrayado que "el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días", aludiendo en este punto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida, según ha detallado.
Ha insistido el letrado en que su patrocinada no cometió "ninguna ilegalidad", agregando que nadie le advirtió de que podía estar incurriendo en un ilícito penal, pese a que la exalcaldesa lo preguntó "hasta la saciedad".
"NO ME LLEVÉ NADA"
Por su parte, Pilar Sánchez ha enfatizado que "a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas" y está convencida de que ella será "la única". "No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento", ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas.
Se ha mantenido firme en que adjudicó todas las obras y cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero "siempre se hacían".
Finalmente, ha llamado la atención sobre el "daño", la "inseguridad y miedo" que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia --tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su vivienda--, pese a lo que tiene "plena confianza en la justicia".
