SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros es "especialmente imprescindible y urgente en el caso de Andalucía, que se sitúa en cabeza del desempleo en Europa, con 1,2 millones de parados", según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Crespo, en un comunicado, ha enmarcado el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros en una extensa agenda reformista "que tiene como objetivo propiciar la recuperación económica y volver a la senda del crecimiento y del empleo". En este sentido, ha destacado que en sólo siete semanas, el nuevo Gobierno ha aprobado "importantes reformas en el ámbito de la austeridad, la estabilidad presupuestaria, el redimensionamiento del sector público y la reforma del sector financiero".
"Es cuando menos sorprendente que José Antonio Griñán, bajo cuyo mandato ha aumentado el paro en Andalucía en 200.000 personas, afirme que esta reforma favorecerá la destrucción de empleo", ha enfatizado la delegada aludiendo a las declaraciones efectuadas por el presidente de la Junta de Andalucía a través de un comunicado.
A este respecto, ha destacado que la tasa de paro en Andalucía, que a finales de 2009 era del 26, 33 por ciento de la población activa, alcanzó en diciembre de 2011 "el récord histórico del 31,23 por ciento".
"Esta es una reforma encaminada a proteger a los más débiles, que son los más de cinco millones de desempleados en España, especialmente a los jóvenes, entre los cuales la tasa de paro alcanza el 50 por ciento, y a los parados de larga duración", ha añadido la delegada del Gobierno. El objetivo, ha explicado, es "frenar la sangría de destrucción de empleo y sentar las bases para crear empleo estable cuanto antes".
Carmen Crespo también ha negado rotundamente que esta reforma prime los intereses empresariales frente a los de los trabajadores. "El Gobierno respeta los puntos de acuerdo alcanzados por los agentes sociales en sus negociaciones y legisla en los puntos de desacuerdo". Aún así, "considera fundamental el diálogo social, que propiciará durante toda la legislatura".
Por último, ha explicado que la indemnización por despido será de 33 días por año para los nuevos contratos, respetando siempre los derechos adquiridos, "a fin de hacer más atractiva la contratación indefinida y combatir la lacra de la temporalidad".
