SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura lleva recaudados por el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito con presencia física en la Comunidad, que ahora quiere implantar la Junta de Andalucía en su territorio, lleva recaudados desde su puesta en marcha en 2003 cerca de 86 millones de euros.

Según los datos recabados por Europa Press, los derechos reconocidos netos de este impuesto, que entró vigor el 1 de enero de 2002 y comenzó a recaudarse en 2003, entre ese último año y 2008 --ultimo ejercicio liquidado-- sumó 85.929.628,44 euros, a los que se sumarán 37,7 millones de euros contemplados en los presupuestos de 2009 --pendiente de su liquidación-- y las previsiones de 2010.

De esta forma, entre 2003 y 2010 la Junta extremeña habrá recaudado unos 123,6 millones de euros, de los que anualmente ha conseguido recaudar anualmente entre 12,2 millones como mínimo, y 19,3 millones como cifra máxima.

En Andalucía, según adelantó esta pasada semana la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la Junta prevé recaudar 132 millones anuales con el nuevo impuesto sobre los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía, aunque ya aclaró que su principal objetivo no es recaudatorio, sino que se convierta en un "buen instrumento para que fluya el crédito a las pymes y a las familias".

Este nuevo impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito con presencia física en Andalucía pretende "gravar el stock" y alcanzará un 0,3 por ciento hasta 150 millones de euros en depósitos; un 0,4 por ciento hasta 600 millones y un 0,5 por ciento para más de 600 millones. Según explicó, serán deducibles de la cuota del impuesto los préstamos, créditos e inversiones que se destinen a proyectos públicos y privados de la estrategia de Andalucía Sostenible y la obra social de las cajas de ahorros.

El Gobierno de la Nación recurrió ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre depósitos extremeño, que se aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y entró en vigor en 2002.