SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los proyectos de obras mediante la fórmula de colaboración público-privada de la Junta de Andalucía deberán ser sometidos a consulta de la Intervención General del Estado con carácter previo a su licitación, toda vez que estos proyectos "deben diseñarse de forma tal que no impacte en el déficit público de la Comunidad".
En respuesta a una pregunta escrita sobre colaboración público- privada formulada en el Parlamento andaluz por el diputado popular Jaime Raynaud, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, apunta que en la fórmula de colaboración público-privada la Administración autonómica se compromete a poner en conocimiento de las entidades financieras los proyectos que las consejerías competentes por razón de la materia vayan a acometer, al objeto de que dichas entidades "dispongan de información suficiente para diseñar sus estrategias de financiación y, en su caso, se promueva y facilite el acceso de las empresas interesadas al crédito necesario".
Asimismo, en dicha respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, la Junta apunta que las entidades financieras proporcionarán al Gobierno andaluz los datos relevantes sobre la situación y evolución de los mercados financieros en relación con estos proyectos, de forma que "permita a ésta establecer las condiciones económicas financieras de los mismos más adecuadas para su buen fin".
Por tanto, la consejera ha destacado que la financiación de estos proyectos "se acordará en todo caso entre las empresas adjudicatarias de los mismos y las entidades financieras de forma individualizada, con independencia de la colaboración entre éstas y la administración autonómica en los términos contemplados en el protocolo".
Martínez Aguayo ha recordado que añadidamente los proyectos deberán diseñarse "para que no impacte en el déficit de la Comunidad", por lo que con carácter previo a su licitación, estos proyectos serán sometidos a consulta de la Intervención del Estado. La consejera ha apuntado, en ese sentido, que "todo ello exige un espacio temporal para las licitaciones correspondientes superiores a las habituales en la contratación administrativa".
Por último, ha apuntado que las consejerías competentes "están trabajando intensamente en el diseño y estructuración de estos proyectos, altamente complejos al ir acompañadas las inversiones en infraestructuras, de prestación de servicios asociados y requerir una adecuada traslación de los riesgos de construcción, demanda o disponibilidad al sector privado", de forma que el proyecto sea "viable técnica, económica y financieramente para los agentes que participan en el mismo".
