La Consejería consensuará con agentes sociales y comunidad educativa el diseño de la nueva normativa, que espera aplicar el curso 2020/2021
SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta ha conocido este martes un informe del titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, sobre la modificación de los decretos y órdenes que regulan el currículo de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía. El objetivo principal es avanzar en el desarrollo de estas enseñanzas desde los principios de eficacia y eficiencia, junto a los de calidad, igualdad, inclusión y excelencia para mejorar las actuaciones contra el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y las actitudes contrarias a la convivencia escolar.
Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, la intención de la Consejería de Educación con la elaboración de las nuevas órdenes y la modificación de los decretos es el diseño de un "marco normativo estable, que garantice mayor seguridad jurídica" ya que la normativa vigente elaborada por el anterior Ejecutivo es "confusa" y está "judicializada". La previsión de la Junta es que los nuevos decretos se puedan aplicar en el curso 2020/21.
Para ello, la Consejería quiere establecer una "comunicación y diálogo constante" con los principales agentes sociales implicados en la educación (sindicatos, asociaciones de directores, inspección educativa, padres y madres, profesorado, representantes de la escuela pública y concertada) para que exista una participación real en el diseño del nuevo marco normativo y se logre alcanzar un texto con el mayor consenso posible. Con este objetivo, este mismo martes, 4 de junio, ha quedado abierto el plazo de consulta pública.
Entre las cuestiones que se estudiarán figura la reorganización de la oferta y los tiempos escolares en Educación Primaria para facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básica de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se pretende adaptar su espacio de configuración autonómica para que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo; se prepararen para su incorporación a estudios superiores y para su inserción laboral, y se formen para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
"DISPERSIÓN" DE PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO
La Consejería ha detectado también una "dispersión" de los programas de refuerzo educativo, que "afecta a la consecución de su objetivo como herramienta imprescindible" para acabar con el abandono y el fracaso escolar, por lo que plantea una regulación de estos programas "que los dote de coherencia y claridad" tanto en Primaria como en Secundaria.
Por su parte, en Bachillerato se adaptará el espacio de configuración autonómica de estas enseñanzas con el fin de proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permiten desempeñar sus funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitarlos para acceder a la educación superior.
Además el Consejo de Gobierno también ha conocido otro informe de la Consejería de Educación y Deporte sobre el déficit de equipamientos educativos que cifra en 2.742 las actuaciones pendientes de ejecutar en la comunidad desde el año 2006 por un importe de 835 millones de euros, el 70% de ellas valoradas de urgencia alta o extrema.
Según Bendodo, este informe "demoledor" refleja hasta 1.363 peticiones en materia de equipamiento educativo sin atender desde 2016 por un importe de 330,6 millones, lo que supone que una de cada tres obras de infraestructuras educativas pendientes había sido declarada como urgente por los técnicos "y nadie hizo nada, solo lavados de cara para salvar el expediente".
Bendodo ha señalado que este "escenario dramático" tiene su peor reflejo en provincias como Sevilla, que suma cerca de 40 millones de euros en solicitudes sin cubrir y 161 acciones de extrema urgencia paralizadas; y Almería, con un acumulado de 36,5 millones de euros sólo correspondiente a los años 2017 y 2018.
