23 de abril de 2019
26 de diciembre de 2010

Editores andaluces piden una disminución de "la edición institucional", que "resta" posibilidades de negocios

Editores andaluces piden una disminución de "la edición institucional", que "resta" posibilidades de negocios
EP

AEA realiza un llamamiento a la Junta para la ampliación del fondo de libros en la Red Pública de Bibliotecas Ven "imprescindible" una ley que proteja los derechos de los creadores en la red

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Editores de Andalucía (AEA), ante la "preocupante" situación que se deriva del peso de la edición pública en nuestra comunidad, solicita a la Junta de Andalucía una disminución de la edición institucional, que "resta" posibilidades de negocio al sector editorial privado.

En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta de la AEA, María Luisa Amores, ha indicado que la edición institucional en Andalucía supone un 13,4 por ciento de la producción editorial en nuestra comunidad, mientras que la media en el territorio nacional es del 8,6 por ciento sobre el total de la producción a nivel estatal.

La presidenta de los editores andaluces ha manifestado que son unas cifras "preocupantes" y ha expresado que tiene que haber colaboración con el sector editorial privado, que es el que debe acometer la edición y comercialización de estos títulos. En este sentido, ha exigido a la Administración autonómica que tome las medidas "oportunas" para que la edición pase a manos privadas y que estos niveles se reduzcan de forma "significativa".

Además, ha precisado que este llamamiento no va dirigido en exclusiva a la Consejería de Cultura, pues la realidad refleja que tiene que "extenderse al resto de las consejerías", ya que algunas producen más publicaciones que Cultura, señalando especialmente las consejerías de la Presidencia, Obras Públicas y Vivienda o Medio Ambiente.

Amores, de otra parte, ha apostado por alcanzar puntualmente acuerdos de coedición, lo que ha considerado como "acciones razonables y perfectas". La reducción de la edición pública es "una reivindicación histórica", según Amores, pues ya en el 2005 se firmó un convenio marco que recogía esta intención, pero que nunca se ha desarrollado.

"COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS"

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Editores ha explicado que en la ratio de libros disponibles en bibliotecas públicas por habitante en el conjunto de las comunidades autónomas, Andalucía está entre las regiones con menor índice y, por consiguiente, "con menos libros a disposición de los lectores". La Unesco, según Amores, establece que debe haber 1,5 libros por habitante en las bibliotecas públicas y "en Andalucía no llegamos a esa cifra", ha asegurado.

Esta situación es "responsabilidad de la Administración andaluza", ha apuntado la presidenta, que ha añadido que debe potenciarse el incremento de estos fondos a través de la compra de libros editados en Andalucía. De esta manera se potencia la difusión del libro y se contribuye al fomento de la lectura.

Este aumento del fondo editorial de la red de bibliotecas supone, según Amores, un apoyo a la creación cultural escrita, a la difusión de la producción editorial andaluza, que se caracteriza por su calidad y variedad temática, y a su vez, se reconoce la labor creadora de los autores andaluces.

Por otro lado, la presidenta, que recientemente ha presentado un Plan Estratégico de la Industrial Editorial Andaluza a la Consejería de Cultura, ha manifestado que el sector se muestra "activo y dinámico", señalando como ejemplo que, al cierre del año 2009, según datos del propio Ministerio de Cultura, la comunidad está a la cabeza de la edición electrónica en España.

Sin embargo, Amores ha afirmado que la situación actual del sector es "preocupante", por la crisis financiera y económica que se vive, especialmente en Andalucía, y por la propia reconversión del sector que conlleva nuevas inversiones en tecnología y formación.

Así constata que se está produciendo una reducción de las ventas en el mercado interior y, además, "la previsiones son pesimistas". También Amores ha resaltado que nuestra Administración tiene que dar un giro en las políticas de apoyo a las industrias culturales, mirando "no solo los números, sino los factores de enriquecimiento cultural que se trasmiten y se fomentan a través de los libros". Además, existe una conexión directa entre mejora económica de una comunidad y desarrollo de las industrias culturales. Las regiones más ricas tienen mayor intensidad laboral en el sector cultural y creativo.

LEY SINDE

La Asociación de Editores de Andalucía (AEA), que mostró su apoyo al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se rechazó este martes en el Congreso de Diputados y que incluía una disposición que permitía el bloqueo de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, ve "imprescindible" una legislación que proteja los derechos de los creadores.

María Luisa Amores, consciente de que el marco legal es competencia del Gobierno nacional, ha manifestado que la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de "educar en el respeto por la propiedad de los derechos de los creadores". En este sentido, ha lamentado que existe entre la ciudadanía "una concepción errónea de que todo tiene que ser gratuito", invitando a meditar que "detrás de cualquier obra, ya sea canción, película o libro, hay un entramado de profesionales que han trabajado en su creación, por tanto el producto cultural tiene que ser valorado y remunerado".

La presidenta de los editores andaluces ha aclarado que "no es incompatible el derecho a la información con la aplicación del derecho a la protección de la propiedad intelectual, que hay que defender". Por otro lado, ha anunciado a Europa Press que en una reunión mantenida recientemente con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha pedido a la Administración autonómica apoyo para que la escuela se convierta en el primer centro "donde concienciar a los jóvenes de que la piratería es un acto ilegal".

En este sentido, ha matizado que hay que hacer ver que "no es una prohibición, sino proteger la propiedad intelectual del autor o creador de cualquier obra cultural y remunerar el trabajo de muchas personas que participan en la creación de un producto, en este caso una obra tan necesaria y enriquecedora para la sociedad como es la obra cultural escrita.