SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Empresa de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación provincial, ha participado en una jornada divulgativa y de participación sobre el Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en Andalucía, que ha tenido lugar la Fundación Cajasol, en Sevilla.
Durante la jornada, inaugurada por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, los organismos participantes y agentes interesados han acercado posturas y puesto en común sus visiones sobre el documento básico, elaborado por un experto equipo redactor, que sirve de punto de partida para un proceso participativo, que dará lugar a un nuevo Reglamento de consenso y con garantías para todos.
El gerente de Emproacsa, Luis Moya, en su intervención en la segunda mesa redonda de debate, 'Perspectiva de la prestación del servicio', ha defendido la necesidad de que el nuevo reglamento profundice su enfoque en el entorno rural.
"Es vital que se garantice este servicio básico en las pequeñas poblaciones para contener y suavizar la tendencia de pérdida de población y el envejecimiento, fijando la población al territorio, recordando que en la provincia de Córdoba el 40 por ciento de la ciudadanía vive en núcleos de población de menos de 20.000 habitantes", ha destacado Moya.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado los trabajos de redacción del nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, regulador de las relaciones entre las entidades suministradoras y los consumidores finales del agua urbana, fijando derechos y obligaciones de suministradores y usuarios, y regulando entre otros aspectos las estructuras tarifarias, los costes y su recuperación, la participación ciudadana y la transparencia y la consideración del servicio como derecho humano.
El actual Reglamento resulta a día de hoy "insuficiente" para dar respuesta a la evolución del marco normativo y competencial, así como al desarrollo tecnológico que ha experimentado el sector a lo largo de casi 30 años.
Así, "es necesario disponer de un soporte normativo, más adecuado a la realidad del siglo XXI que proporcione el marco adecuado para garantizar a todos los ciudadanos un servicio de calidad, con los mismos criterios sociales, técnicos y económicos, mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión, mayor exigencia en la calidad en el servicio, cumplimiento de normativas ambientales o la renovación de infraestructuras y recuperación de costes de operación e inversión".
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado "la necesidad de avanzar en los aspectos de planificación de las infraestructuras, así como en los procesos de participación y transparencia de cara a la justificación de la probable actualización de tarifas que supondrá el correcto mantenimiento y reposición de las mismas".
Por último, ha señalado como "muy positiva la incorporación a la nueva normativa de los mecanismos de acción social", haciendo hincapié en el camino recorrido por la Diputación de Córdoba en este sentido "donde 337 familias cuentan con un suministro mínimo vital de 100 litro por persona y día y se han destinado más de 350.000 euros a evitar cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad social".
