HUELVA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El letrado Simón Márquez y el despacho Soto & Asociados, pertenecientes a la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), se ha reunido este miércoles con vecinos de Huelva afectados por las participaciones preferentes de las entidades bancarias, para informar sobre los servicios de este colectivo y poder iniciar acciones legales contra las cajas o bancos que les vendieron estos productos.
En concreto, en la reunión que ha tenido lugar en el Hotel NH Luz de la ciudad, con un aforo de 160 personas, el abogado onubense, junto con representantes de APDEF, ha recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos de manera personalizada, ya que la "principal premisa" de la asociación es la "personalización y cercanía".
En este sentido, durante la reunión, en la que ha estado presente el presidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, Francesc García Rafanell, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos que adquirieron y "bajo qué condiciones", describiendo lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, "sobre todo cajas", que permitieron aumentar su capital y solvencia "a costa de los pequeños ahorradores".
En cuanto a las obligaciones subordinadas, éstas significan un cambio en la garantía de cobro, "ya que sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad".
Estas reuniones ya han tenido lugar en Valladolid, donde se presentaron más de 300 afectados y de los cuales, 130 ya han sido citados, en Zamora, Palencia, Oviedo, Ávila, Salamanca, Ponferrada, Cádiz y Mérida, para pasar después de Huelva a Córdoba, Santander, Burgos y Segovia, entre otros.
La APDEF nació en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido", describe su presidente, Francesc García Rafanell.
Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama "abogacía social", ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, "por una mínima cantidad que no llega a mil euros", el cliente tiene a su disposición la notaría, burofax, tasas, procurador y abogado, y todo ello, con la ventaja de poder pagar al final del proceso, por lo que "paga el banco".
Por último, la asociación cuenta con cerca de 20 bufetes asociados por toda España y debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF tiene cerca de 1900 socios, con 1070 demandas en proceso y la resolución de cerca de 100 casos, "con un 95 por ciento de éxito", ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", denuncia García Rafanell.
