HUELVA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal 4 de Huelva ha acogido este jueves el juicio por la causa del expolio en el yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden en el que seis de los siete vendedores acusados de dañarlo con obras para ampliar las parcelas que ocupaban en el mercadillo han negado los hechos y han rechazado que encargaran o pagaran por dichos trabajos de movimientos de tierras.
Antes de la sesión plenaria se ha intentado alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, pero finalmente no ha sido posible esta vía, según ha informado a Europa Press uno de los abogados defensores.
Los acusados en este proceso son nueve: siete vendedores ambulantes con puestos en el mercadillo de Huelva, uno de los cuales supuestamente actuó como mediador entre ellos y el responsable de la empresa con la que se concertaron las obras. Además, están acusados también el responsable de esta empresa y el empleado que las ejecutó.
En la vista, seis de los siete vendedores han afirmado que no sabían nada de las obras y han negado que pagaran por ellas, mientras que el vendedor que hizo supuestamente de mediador ha indicado que encargó el movimiento de tierras pero solo en la parcela que le correspondía. Por su parte, el responsable de la empresa y el empleado que ejecutó los trabajos han dicho que éstos se hicieron tras el correspondiente encargo.
Del mismo modo, todos han señalado que en la zona no había señalización alguna que indicara que era un enclave arqueológico con tal protección. En este punto, desde las defensas han incidido en "la deficiente protección" del inmueble, incidiendo en que en el mismo se instala el mercadillo. Igualmente, ha recordado el letrado que incluso los informes de la Junta recomendaban el cambio de ubicación del mercadillo y que la zona tenía, por tanto, una "deficiente protección".
Por su parte, la Fiscalía ha modificado la calificación, por lo que de los 21 meses de prisión que solicitaba inicialmente ha rebajado su petición, puesto que excluye el dolo y no ha solicitado por tanto pena privativa de libertad. Esto responde a que ha modificado su calificación de delito doloso del artículo 323 del Código Penal por otro imprudente, el previsto y penado en el 324.
Así, considera que hay imprudencia y finalmente ha pedido para los acusados el pago de una multa durante 15 meses a razón de 12 euros al día (5.400 euros) debido a los daños contra el patrimonio histórico tras el expolio que sufrió en abril de 2016 la zona del sector B3 Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva.
Asimismo, la Fiscalía pidió el pago de una indemnización por daños a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
