ALMONTE (HUELVA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez (PP), citado este lunes a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación tras una denuncia presentada por la empresa Aprovechamientos Industriales Doñana S.L. (Aproindo), ha interpuesto a su vez una denuncia en el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado contra el exalcalde socialista Francisco Bella; la actual secretaria general del PSOE-A, Rocío Espinosa, y el empresario C.B.T., responsable de la citada empresa, por supuesta falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota, la denuncia argumenta que el 10 de abril de 2003 la junta de gobierno del Ayuntamiento, presidida por Francisco Bella, aprobó un pliego para la gestión del servicio de eliminación de escombros y restos de obras con un precio de contrato de 240.404 euros. "La adjudicación se formalizó el 1 de agosto en dicha cantidad, sin embargo, el día 28 se le dio carácter anual a este canon, con lo cual se multiplicó por quince el valor del contrato, hasta los 3,6 millones de euros", han remarcado.
El 9 y 10 de septiembre, según señala el Ayuntamiento, el empresario dirigió sendos escritos al Consistorio, solicitando una parcela de una extensión doble a la recogida en el pliego inicial --hasta un total de 60.400 metros cuadrados--, además de pedir la ampliación del contrato de concesión de 15 a 30 años, bajo el argumento de "mantener el equilibrio financiero de la inversión solicitada". Con esta última variación, "el coste del contrato para el Ayuntamiento alcanzó los 7,2 millones de euros".
El 3 de octubre, previa declaración por la vía de urgencia, la Comisión de Gobierno aprobó una modificación del contrato, correspondiendo a ambas peticiones. "Las presuntas irregularidades continúan cuando el 23 de diciembre el empresario pregunta por las condiciones en las que puede empezar a cobrar el canon, y el secretario municipal le responde el mismo día que desde que esté vallada la finca", han asegurado.
Por el contrario, las bases del pliego obligaban al adjudicatario a tener en funcionamiento la planta "en un plazo máximo de seis meses", debiendo edificar además una nave de 400 metros cuadrados y una caseta de control de entrada.
Por su parte, la actual secretaria general del PSOE-A, Rocío Espinosa, entonces diputada provincial de Medio Ambiente, el 29 de enero de 2004 --cinco meses después de la firma del contrato- indica en un escrito que "se ha incluido la construcción de la instalación en el Programa Operativo Local 2004", correspondiente a esta administración.
Hasta el 6 de septiembre no se acordó una subvención de 260.606 euros de la Diputación al Ayuntamiento y finalmente, "está llegó a Aproindo mediante una adjudicación directa, por procedimiento negociado sin publicidad, cuando debió ejecutarla de sus propios recursos".
Finalmente, solicitó el 7 de marzo de 2007 actualizar el canon de la concesión, "a causa de las grandes pérdidas, hasta fijarlo la junta de gobierno local quince días después en 47.740 euros mensuales, lo que supone un contrato por un total de 15,4 millones de euros".
Este nuevo montante, especifican desde el Consistorio, propició que el entonces alcalde, Francisco Bella, "acometiese una modificación presupuestaria para hacer frente a los pagos". Por otra parte, el informe del técnico de Medio Ambiente de 18 de octubre de 2007 certificó que Aproindo "no ejecutó la gran mayoría de las mejoras a las que se había comprometido con la concesión".
DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ
En cuanto a su declaración en los juzgado de La Palma por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia presentada por la empresa Aproindo S.L., que afirma estar sufriendo "una situación injusta de acoso y derribo", el alcalde ha remarcado que "el único y verdadero acoso en esta legislatura lo está sufriendo el equipo de gobierno del Ayuntamiento, por parte de determinados empresarios, como es el caso", destacando su objetivo de "defender los intereses generales, frente a los particulares".
Domínguez Iglesias ha explicado que "la denuncia viene por tratar de llevar al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía esta concesión, a fin de que dictamine si el contrato es nulo y por tanto, ilegal. Algo que ya ha ocurrido con otras concesiones otorgadas en la etapa anterior".
El alcalde ha manifestado que está convencido de que "la denuncia presentada por Aproindo no tiene fundamento jurídico alguno y, más pronto que tarde, será archivada por el juez".
"Nosotros no tenemos nada que esconder y nos comprometimos con los ciudadanos en cumplir con el programa electoral que nos dio la Alcaldía en Almonte, que pasa por limpiar la vida pública y esclarecer los presuntos casos de corrupción que se hayan producido en estos años", ha concluido.
