ALMONTE (HUELVA), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Almonte (Huelva), Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), y el concejal de Obras Municipales y Urbanismo, José Miguel Espina (PSOE), han presentado este miércoles las conclusiones de la investigación interna del Ayuntamiento sobre las obras de apertura de un camino para rutas ecuestres hasta la playa llevadas a cabo en el Médano del Asperillo, dentro del Espacio Natural de Doñana, sin los permisos correspondientes.
El Consistorio ha admitido "falta de coordinación interna" y considera que a nivel administrativo "no se ha actuado con la debida diligencia", pero ha señalado a la empresa de rutas a caballo como la causante del daño ocasionado en esta zona al actuar "en otro lugar al determinado" y extralimitarse en las acciones.
En una detallada rueda de prensa, la alcaldesa ha ofrecido las conclusiones de esta investigación interna que considera que la actuación administrativa "no se ha realizado con la debida diligencia" puesto que el área de Servicios de Matalascañas debería haber supervisado los trabajos.
Espina, que ha hecho un relato cronológico de lo acontecido y de sus decisiones, ha explicado que el Consistorio es el responsable de ejecutar el mantenimiento de las bajadas a la playa y que, ante la situación tras los temporales, priorizaron las bajadas de la zona urbana de Matalascañas, por lo que el propietario de la empresa de rutas a caballo le solicitó que actuara en la zona en cuestión.
Ante la imposibilidad de darle una fecha de actuación debido a la carga de trabajo, el empresario le propuso asumir él la actuación y llevarla a cabo ya que el coste de no poder hacer las excursiones le suponía un mayor perjuicio que esta obra, según ha narrado el concejal.
Por ello, Espina ha remarcado que con "buena fe" accedió a dar al empresario la autorización para realizar el mantenimiento en la bajada con la maquinaria correspondiente y en todo momento pensó que el trabajo se haría "al igual que se hace con la maquinaria del Ayuntamiento". Dicha autorización es del día 9 de julio, comunicándole un día después el empresarios que un trabajador de Costas había abierto un acta pero, como le comentó, "no le dijo que se pararan las obras".
El concejal ha contado que el empresario le informó de este hecho, indicando que "no se le pidió la paralización" y que el maquinista solicitaba que le refrendaran la autorización para poder continuar los trabajos, de manera que el edil dio una nueva autorización.
Ha admitido que "no sabía lo que se estaba haciendo allí" pero cuando recibe una llamada de la Dirección del Espacio Natural de Doñana puede comprobar que las obras excedían, como ha dicho, lo fijado en la autorización. Es en ese momento, como ha dicho, cuando tiene conocimiento de que "ni eran labores de mantenimiento ni en el lugar que se había autorizado" y ordena, primero de manera verbal, y luego por escrito la paralización de las obras tras tener constancia de lo ocurrido.
Además, ha remarcado que incluso de manera voluntaria acudió a la Guardia Civil para ver si la misma tenía constancia de estos hechos, al tiempo que ha incidido en que siempre ha actuado "de buena fe" ya que su voluntad era que la empresa local tuviera una solución al estar la bajada "intransitable".
El también primer teniente de alcalde y concejal delegado de Matalascañas, Patrimonio, Urbanismo, Obras Municipales y Ordenación del Territorio ha asegurado que analizará con sus asesores jurídicos las conclusiones de esta investigación, que ha conocido escasas horas antes de la rueda de prensa, y que valorará si dimite o no de sus competencias referidas a Matalascañas, no del resto de áreas. Ha dejado claro que, de abrirse un proceso judicial, no quiere interferir en el mismo y por eso se plantea dejar sus competencias relativas al núcleo costero.
Ante esto, la alcaldesa ha indicado que la tercera conclusión de la investigación interna determina que Miguel Espina actuó "de buena fe" e intentando dar una respuesta al empresario, el cual efectuó labores "distintas" a las autorizadas ya que se trataba de labores de mantenimiento "no de apertura" de un nuevo carril. Ha agradecido "la valentía" de Espina al hacer pública su disposición de dimitir si fuera preciso en aras a contribuir a la transparencia del proceso.
La alcaldesa ha recordado la colaboración del Ayuntamiento con las autoridades intervinientes en este proceso, desde el Seprona, al Espacio Natural de Doñana, al mismo juzgado que abrió las correspondientes diligencias, al tiempo que ha incidido en que el Consistorio también se ofreció para, en la medida de lo posible, reparar el daño.
A comienzos del mes de septiembre la alcaldesa de Almonte anunció la apertura de esta investigación interna en el propio Consistorio por "si hubiera que depurar responsabilidades políticas". Adelantó que se crearía una comisión técnica integrada por un miembro de cada uno de los grupos de gobierno (Mesa de Convergencia, PSOE, PP e independientes), la propia alcaldesa, así como por el asesor jurídico del Ayuntamiento, secretaria e interventor.
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado dictó un auto, con fecha 13 de septiembre, en el que levantaba la medida cautelar acordada al objeto de que se realicen "los trabajos de corrección de los impactos producidos" en el acantilado del Asperillo y "la zona vuelva a su estado originario" tras las obras "autorizadas" por el Ayuntamiento de Almonte y que fueron paralizadas inicialmente.
Además, estos hechos provocaron una oleada de reacciones políticas. De hecho, incluso se abordó en el Parlamento andaluz, donde la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, aseguró el 18 de septiembre que "no se solicitó autorización, ni se informó" a la Junta de la actuación para dichas obras, incidiendo en la colaboración de la Junta con el Seprona de la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos.
