ALMONTE (HUELVA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El municipio de Almonte (Huelva) solicitó hoy un nuevo Juzgado de Primera Instancia para la localidad, que atendería a una población de casi 65.000 habitantes, para lo que el Ayuntamiento pone a disposición de la delegación provincial de Justicia de Huelva "un edificio de nuevo cuño hecho para albergar Juzgados de Primera Instancia e Instrucción".
Según indicó el concejal de Administración de la localidad, Francisco de Paula Rodríguez, en una nota, el Ayuntamiento reitera así su petición de un Juzgado de Primera Instancia para Almonte ya que un nuevo partido judicial en la provincia "podría atender a una población similar a la del resto de los partidos judiciales en Huelva".
Por otro lado, el edil apuntó que supondría la creación de puestos de trabajo y el uso de unas instalaciones "desaprovechadas actualmente", así como apuntó que "el 80 por ciento de los procesos que se despachan en el partido judicial de La Palma del Condado corresponden a asuntos relacionados con personas o con hechos acaecidos en el término municipal de Almonte".
Según apuntó el Ayuntamiento, el edificio cedido fue construido "hace dos años por la consejería de Administración Pública y Justicia y el Ayuntamiento de Almonte, contiene los últimos adelantos tecnológicos y varias salas nuevas destinadas a juzgados de primera instancia e instrucción".
"El edificio está perfectamente equipado para albergar una sede judicial, dotado de aparcamientos bajo rasante, ascensores, accesos para personas discapacitadas, oficinas, salas de vistas", subrayó el Consistorio.
El ofrecimiento municipal se produce a raíz del "colapso que por falta de espacio sufre el Palacio de Justicia de Huelva, que está provocando retrasos en los juicios por necesidad de compartir sala de vistas entre tres juzgados" y, según subrayó el teniente de alcalde y concejal de Administración del Ayuntamiento de Almonte, Francisco de Paula Rodríguez Borrero, "es evidente que asistimos a un momento de clara crisis judicial, con el colapso de juzgados como un hecho patente".
En este sentido, reconoció que "no es algo nuevo y tampoco parece que, con los medios actuales, tenga visos de solución", a lo que añadió que los grandes perjudicados son siempre los mismos, los ciudadanos a quienes no se les puede garantizar un acceso fácil y de calidad a la Justicia como es obligación de la Administración".
Para Francisco de Paula "la situación precisa de una revisión de la Ley de Planta y Demarcación Judicial que tenga en cuenta los cambios demográficos, económicos y de carga de trabajo de hoy en día. Nuevas necesidades que requieren nuevas soluciones.".
