HUELVA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los cinco ayuntamientos integrados en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva --Moguer, Almonte, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado-- han enviado este miércoles al presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibes, una moción de urgencia que será presentada para su debate en el próximo plenario, que se celebrará en diciembre, en la que denuncian "el futuro incierto" de 1.500 agricultores como consecuencia de "las presiones administrativas, medioambientales y comerciales que están recibiendo por la falta de recursos hídricos y de un marco legal que las respalde".
La moción, denominada 'Resolución por la pervivencia de la agricultura y la racionalización de las actuaciones administrativas en Doñana', incluye una batería de soluciones para salvaguardar al mismo tiempo el futuro de los frutos rojos y del Parque Nacional de Doñana, ha informado la plataforma en una nota.
Entre ellas, destaca la petición realizada a las administraciones competentes para el aprovechamiento agrícola de la concesión de agua que hasta ahora utilizaba el Grupo Ence en sus instalaciones de San Juan del Puerto desde la presa de El Sancho, en Gibraleón. Además, los ayuntamientos solicitan que se resuelva y acometa la inclusión de las parcelas de regadío no incluidas hasta la fecha en el catálogo de recursos hídricos y se paralicen las presiones que desde todos los ámbitos se están llevando a cabo y creando incertidumbre en el sector.
Del mismo modo, la moción exige que los organismos de Cuenca zonales arbitren el mecanismo legal necesario --y recogido entre las recomendaciones del Plan de Regadíos-- para la recogida de aguas de riego y pluviales, un recurso esencial y medioambiental que permite el retorno del agua a los acuíferos. Según estudios realizados en explotaciones agrícolas del Condado, gracias a estos sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales, entre el 66 y el 99 por ciento del agua de lluvia puede servir para regar los campos, sin necesidad de buscar agua en otros lugares, lo que supone un beneficio para el medio ambiente y un ahorro económico para el agricultor.
Por otra parte, los ayuntamientos piden, con carácter inmediato, que se inicie un proceso de legalización de aguas subterráneas en las zonas en las que sea posible y se habiliten los medios para el control de las extracciones y preservación del acuífero, incluyendo la entrega y clausura de las captaciones irregulares, previa dotación de agua superficial.
Por último, la moción solicita al Consejo de Participación de Doñana, como máximo órgano de representación, asesoramiento y control del espacio natural, que inste a las administraciones públicas en materia de aguas y ordenación del territorio a cumplir todas las soluciones planteadas y constituya con los municipios y agentes sociales una comisión de seguimiento orientada a su consecución.
