HUELVA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva continuará hoy con el juicio correspondiente al caso de los cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, así como de realizar construcciones ilegales en una finca de la localidad onubense de Bonares. En la primera sesión, celebrada esta misma mañana, todos los testigos --solicitados a petición del Ministerio Fiscal-- ratificaron los hechos narrados en el escrito de acusación y este martes continuará la sesión con la declaración de más testigos.
De este modo, este martes testificaron dos agentes de Medio Ambiente, un técnico, dos miembros de Ecologistas en Acción --organización que denunció los hechos-- y el coordinador provincial de agentes de Medio Ambiente, los cuales insistieron en el incumplimiento de los usos en la finca de Bonares del empresario J.M.S.
Así, la Fiscalía de la Audiencia Provincial pidió un total de 17 años de prisión para cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por delitos contra la ordenación del territorio, y en el caso del funcionario por los delitos de cohecho y omisión del deber, ya que habría aceptado sobornos a cambio de evitar que fuesen denunciadas las actividades de transformación y cambios de uso, además de por la existencia de construcciones ilegales en la citada finca.
En el banquillo de los acusados se encontraban J.M.S, quien compró 88 hectáreas de la finca propiedad de A.C.P, el empleado de Medio Ambiente F.B.O., así como M.M.C., quien arrendó 50 hectáreas de la finca 'El Avispero' y también se imputa en el caso a D.J.I., constructor de una nave en la zona "sin los permisos correspondientes".
Por parte de los acusados, a excepción de A.C.P, todos los demás denegaron contestar a las preguntas que no fueran las formuladas por sus abogados, los cuales incidieron en la falta de formación de los imputados que abandonaron el colegio a temprana edad. En el caso de F.B.O, funcionario de Medio Ambiente, éste negó que aceptara cualquier regalo o retribución a cambio de "no denunciar la situación", a la par que descartó que tuviera conocimiento de que en la finca se había desarrollado un cambio de uso --de forestal a agrícola-- o que se había desarrollado la construcción de una balsa y una nave de forma ilegal.
Por su parte, J.M.S aseguró "no conocer" a F.B.O, al que se le acusa de recibir retribuciones de éste, pero reafirmó que le alquiló una parte de la finca que compró a M.M.C, quien calificó su relación con J.M.S como "chunga" porque éste "le debe dinero" y reiteró que la parte que arrendó se le quedó "grande" e incidió en que "no construyó" ninguna balsa.
Además, D.J.I., constructor de una nave en la zona, afirmó que comenzó las obras porque J.M.S --que se encargaba de la empresa Agromolinillo -- le mostró la solicitud del permiso para la actuación.
Sin embargo, A.C.P sí contestó a las preguntas de todas las partes, defensa, Ministerio Fiscal, acusación particular (Junta de Andalucía) y su propia defensa, e incidió en que la finca del Coto Avispero que era suya tenía "uso agrícola" desde su adquisición por transferencia familiar y que en el proceso de venta de 88 hectáreas a J.M.S "no le dijo que iba a hacer en la misma", a lo que añadió que tampoco conocía lo que se desarrollaba en ella.
No obstante, reconoció que en su finca procedió a la construcción de una balsa y una nave "sin los permisos" correspondientes, aunque precisó que sí solicitó los mismos pero no había recibido contestación alguna por parte de las administraciones, aunque aseveró que "le dijeron que eran susceptibles de ser aprobadas". Además, recordó que una vez iniciado el procedimiento judicial le llegaron anónimos con amenazas de "denunciar lo que hacía en su finca si no pagaba 22.000 euros". Tras este hecho, A.C.P denunció estas amenazas y negó que pagara ninguna cantidad.
Al comienzo de la sesión la defensa de los tres empresarios --J.M.S, M.M.C, D.J.I--, así como del funcionario F.B.O., hizo hincapié en que durante el periodo de instrucción se recogieron pruebas "vulnerando el derecho de defensa" de sus clientes, haciendo alusión al artículo 24 de la Constitución Española (CE), a la par que recordó que presentó un recurso de nulidad por el traslado del auto debido a que le llegó de forma incompleta. Estas peticiones no fueran admitidas por el juez, el cual subrayó que "la reclamación de la nulidad no es proporcional al objeto" por lo que las pruebas fijadas en el auto son "utilizables" al contar "con la cobertura legal".
Por su parte, el letrado indicó que las entradas de los efectivos policiales, una vez iniciado el procedimiento, se realizó "sin la orden correspondiente". Tampoco fue admitida una documentación presentada por la Fiscalía, donde se añadía otros casos similares en los que estaba involucrado J.M.S. La sesión proseguirá este martes con la declaración de los testigos.
