HUELVA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han descubierto diferentes fraudes a la Seguridad Social en sectores tan diversos como restauración, el alquiler de inmuebles, los productos agrarios o la construcción y rehabilitación de edificios, por valor de más de 4,5 millones de euros, poniendo a disposición judicial a 33 personas por su presunta relación con tales hechos.
Según la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron en octubre de 2019, tras recibir varias denuncias sobre irregularidades cometidas en diversas empresas de los partidos judiciales de Ayamonte, Huelva y Palma del Condado. Los empresarios de las sociedades "no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social y, en algunos casos, en connivencia con los trabajadores realizaban altas fraudulentas sin desarrollar actividad alguna".
En todos los casos, según la Policía Nacional, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería General y, para ello, crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Los 33 responsables de los delitos investigados han sido puestos a disposición de la justicia, resultando ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles atribuidos delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones y de prestaciones), frustración a la ejecución y estafa procesal.
Entre las propiedades de una de las empresas instrumentales investigadas figuran un turismo de lujo marca Ferrari valorado en unos 180.000 euros, valores millonarios y diversos bienes inmuebles gestionados como alojamientos vacacionales.
Entre los detenidos destaca el caso de una pareja de empresarios que estuvo continuamente sucediéndose en el sector de la construcción, acumulando una deuda con la TGSS de más de 150.000 euros. Presuntamente, para evitar el cobro de sus acreedores, el matrimonio se divorció legalmente, procediendo de forma fraudulenta a transferir todos los bienes que figuraban como gananciales al padre de la mujer, para así vaciarse patrimonialmente con el fin de evitar embargos.
Pese a estas maniobras se ha podido demostrar que la pareja continuó durante todos estos años haciendo vida conyugal, residiendo en el mismo inmueble y utilizando para su movilidad una furgoneta Mercedes Benz comprada por ella que fue transferida a su padre.
También ha podido aflorar la venta de dos naves industriales heredadas que les reportaron unos beneficios de más de 127.000 euros con los que podrían haber cubierto una importante parte de sus deudas, y que sin embargo ocultaron a sus acreedores.
Igualmente, destaca el caso de un empresario que tenía múltiples fuentes de ingreso, como la explotación de locales de hostelería, la gestión de alquileres, inmobiliaria, la construcción, así como la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza de un centro comercial, que creó presuntamente una sucesión empresarial fraudulenta con las que durante años ha generado una deuda de casi 200.000 euros a la TGSS.
