El consejero asegura que "entre el 92 y 93 por ciento" de los andaluces viven en municipios que depuran correctamente sus aguas
HUELVA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado este miércoles que la Junta de Andalucía "está cumpliendo", refiriéndose a la multa coercitiva de 10,95 millones de euros al semestre impuesta a España, además de otra suma de 12 millones de euros por incumplir la normativa de la Unión Europea en saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas, ya que todas las infraestructuras insertas en este procedimiento, y que dependen del Gobierno andaluz, "están terminadas y funcionando, o están en obras muy avanzadas o están, al menos, en obras".
Todo ello después de que este lunes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, precisara que aunque la sanción, inicialmente, afectaba a 17 aglomeraciones urbanas, en la actualidad siguen incumpliendo la normativa un total de nueve de ellas.
De estas, una está en Gijón (Asturias), otra en Valle de Güimar (Tenerife) y las siete restantes en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) -- declaradas de interés general y que dependen del Gobierno-- y Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) --de competencia autonómica--. Se trata de una situación que podría extenderse hasta 2022, cuando se prevé que esté terminada la última de las depuradoras prevista, la de Barbate.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de asistir a una jornada técnica sobre depuración de aguas residuales, y preguntado por este asunto, el consejero de Medio Ambiente ha asegurado que se trata de "un procedimiento de sanción de la UE al Reino de España por determinadas infraestructuras que quedan pendientes en todo el territorio nacional, algunas de ellas en Andalucía y algunas competencia de la Junta y otras estatal".
A su juicio, "esto va a significar que la parte alícutoa, que le pueda corresponder a Andalucía, se va a reducir drásticamente", al tiempo que ha remarcado que "hay otras infraestructuras de este tipo que dependen del Estado y que en siete años del anterior Gobierno no se ha hecho nada, como es el caso de Matalascañas, que parece que ahora se le va a dar un impulso, de Sanlúcar de Barrameda, de Nerja, que empezó y se paró, o de Estepona, que era competencia estatal pero la obra la licitó y encargó la Junta".
Para Fiscal, "la Junta ha hecho un trabajo enorme", ya que "esto es competencia municipal pero muchos ayuntamientos andaluces, como es el caso del onubense de Berrocal, jamás podrían haber construido una depuradora, por valor de tres millones de euros, sin la ayuda de una administración superior".
En cuanto a la depuración de las aguas, el consejero ha asegurado que "entre el 92 y 93 por ciento" de los andaluces viven en municipios que depuran correctamente sus aguas y la provincia de Huelva es "una de las que cuenta con un porcentaje mayor, alcanzado el 97 por ciento".
