El juicio se celebrará el lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva
HUELVA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha solicitado dos años de prisión y una multa que asciende a los 7.300 euros a un empresario que, al menos desde el año 2005 y hasta el 2013 y en calidad de promotor, ha llevado a cabo supuestamente la construcción de naves, oficinas y plataformas de hormigón en suelo rústico, y además de especial protección, en el término municipal de Moguer (Huelva).
Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal señala que las naves y la plataforma de hormigón se realizaron entre 2011 y 2013, tratándose de unas construcciones que forman parte de las instalaciones de una empresa dedicada a la chatarra, gestionada por el acusado, y el juicio se celebrará el lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, a las 13,00 horas.
El fiscal lo considera autor de un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable y le pide también la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.
Como responsabilidad civil, procede acordar la demolición de las construcciones reseñadas en la conclusión primera a cargo del acusado y previa elaboración de un proyecto técnico que, con la aprobación del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado.
En su defecto el acusado indemnizará al Ayuntamiento en la cantidad en que se tase el coste de demolición y restauración del terreno, que deberán ser empleados en la ejecución de dicha demolición y se acordará el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.
Este suelo fue decretado de especial protección por el Ayuntamiento de Moguer para evitar la formación de núcleo de población y por la protección paisajística. En esta línea, el fiscal especifica que el acusado no solicitó en ninguno de los casos autorización-licencia municipal para su construcción, ni contó tampoco con licencia de apertura y actividad en las instalaciones.
Las obras fueron denunciadas por la Guardia Civil ante el juzgado en marzo de 2016 y con anterioridad ante el Ayuntamiento en octubre de 2015 y éste, por ser las obras ilegales e ilegalizables, las paralizó y aperturó expediente de restauración de la legalidad urbanística. Por este motivo, por incumplir la paralización y el precinto, el acusado fue condenado en sentencia de conformidad del Juzgado de lo Penal número 2 en enero 2017 por delito de desobediencia grave.
