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HUELVA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Huelva ha asegurado que "hoy por hoy no hay motivos ni causas" para pedir la revocación de la suspensión de la pena impuesta a J.V.C., condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina política, una menor que entonces tenía ocho años y que ahora vive frente a su domicilio, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de cárcel.
Según ha informado a Europa Press desde la Fiscalía, "todas las ejecutorias se han tramitado de forma correcta" y ha dejado claro que "no puede transmitirse la idea de colapso judicial porque no lo hay", a lo que añade que "se podría revocar esta suspensión de la pena si hubiera sido condenado por un delito posterior de cualquier índole, pero no hay sentencias condenatorias posteriores".
Desde el Ministerio Fiscal han detallado que existen dos sentencias firmes y una tercera por otro quebrantamiento en la que se le condena a una pena de multa de 24 meses a razón de cuatro euros de cuota diaria y que está recurrida.
De esas dos primeras sentencias, en las que están suspendidas las penas, una es del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, que lo condena a un año de prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta por el juez antes de que se enjuiciaran los abusos, y la otra es de la Audiencia, que lo condena a dos años de prisión y al pago de 3.000 euros de indemnización a la víctima, ya abonados.
Del mismo modo, aclaran que en esta última se impone la libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión pero no se estableció la distancia de la orden de alejamiento, que posteriormente se concretó en 20 metros en el trámite de la ejecución de la sentencia, una situación que "nadie ha recurrido".
Desde la Fiscalía aseguran que este hombre tiene varias denuncias por parte de la madre de la víctima por posibles quebrantamientos pero no hay sentencias condenatorias por las mismas.
Sin embargo, la abogada de la familia, María Teresa Largo, piensa que este individuo "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".
En declaraciones a los periodistas en las puertas de la Audiencia este miércoles, Largo detalló que "existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos".
Por ello, la letrada pidió su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", el problema radica, según explicó, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".
Largo aseguró que "este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales". A su vez, destacó que el problema "ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo".
La familia de la menor también pide la entrada en prisión de éste, que vive frente a ella en la barriada del Torrejón en Huelva, porque "hay días que la niña está jugando en la acera y él pasa por su lado".
En declaraciones a Europa Press, un familiar lamentó que éste "vea a la niña a todas horas porque incumple la prohibición de salir de su casa", a lo que añadió que "este hombre ha vuelto a delinquir con otra niña y quebrantado la orden de alejamiento". Por ello, la familia espera que "pronto entre en prisión porque esta situación es horrible".
