HUELVA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular, formada por la plantilla de la Policía Local, a la que se unió personal del Ayuntamiento, no descarta ampliar la querella contra el alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero (PP), por la que hoy declaró como imputado de un presunto delito de prevaricación.
En declaraciones a Europa Press, el letrado de la acusación, Faustino de la Banda, explicó que, en la toma de declaraciones, Romero se "se negó a contestar a las preguntas de la acusación y contó medias verdades sobre los hechos que se le imputan, aludiendo a que algunas de las acciones no son de su competencia, sino que se adoptan en comisión de Gobierno".
Por ello, tras apuntar que pedirá la declaración, en principio, en calidad de testigo del jefe actual de la Policía Local de Palos, consideró que "se estudiará ampliar la querella a los miembros de esta comisión de Gobierno que se supone que adopta las decisiones sobre los agentes de la Policía Local", si bien apuntó que "tenemos resoluciones firmadas por el propio alcalde".
Con todo, el letrado apuntó que "nos esperábamos la estrategia de negar los puntos de la querella del alcalde" y añadió que "estudiaremos la documentación aportada por él porque se contradice con alguna de la que tenemos nosotros", al tiempo que señaló que "empezaremos a pedir pruebas y testificales para demostrar que lo dicho por el alcalde no es cierto o son medias verdades".
Tras la toma de declaraciones, al alcalde de Palos de la Frontera se la ha imputado el texto de la querella sobre el que tendrá que defenderse y sobre el que el juez tendrá que determinar las acciones que adopte para esclarecer los hechos.
Romero prestó hoy declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moguer en calidad de imputado tras ser admitida a trámite una querella presentada por la plantilla de la Policía Local del municipio, a la que se unió personal del Ayuntamiento, que acusa al alcalde de adoptar "medidas persecutorias" contra los agentes que, según la estimación de la querella, "podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación".
Entre otros hechos, denuncia la destitución del jefe de la Policía Local por considerarlo "no apto", que fue sustituido por un oficial que, a su vez, fue destituido y destinado a vigilar una escombrera, una labor que, según el letrado, "es habitual en los agentes, mientras que el alcalde ha contratado en ocasiones a vigilantes privados para que se encarguen de la vigilancia y la seguridad del municipio".
