HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los ex alcalde y ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), Juan Manuel Orta y Casto Pino, respectivamente, quedaron a las 0.15 horas de hoy en libertad con cargos pero sin fianza, tras ser detenidos en la mañana de ayer acusados de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, según informó el abogado de Pino, Francisco Baena Bocanegra.
Igualmente, quedaron en libertad el socio de Orta, A.G.S., y la mujer del ex edil de Urbanismo, A.S., que, aunque quedó en libertad al mediodía de ayer, permaneció, al igual que a los otros tres acusados, más de 15 horas en los juzgados declarando ante la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, que ha decretado el secreto para el caso.
Precisamente éste ha sido el argumento esgrimido por el abogado defensor de Orta y de su socio para no informar sobre los cargos que se les imputan a los acusados, si bien el ex alcalde de Aljaraque manifestó, a su salida de las dependencias judiciales, estar "cansado pero preocupado".
Según las mismas fuentes, finalmente no se fijó ninguna fianza para los acusados, pese a que desde las 23.15 horas, las entradas y salidas a la Audiencia Provincial de amigos y familiares de los detenidos fue una constante hasta que finalmente fueron puestos en libertad y salieron de los juzgados acompañados por alrededor de 20 amigos y familiares.
A pesar de que los acusados salieron de las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil a las 8.30 horas, las declaraciones ante la jueza que instruye el caso no comenzaron hasta las 12.30 horas, prolongándose la primera de las cuales, de Juan Manuel Orta, hasta las 16.15 horas.
Casto Pino, el segundo en prestar declaración, comenzó a las 17.30 horas, antes de su mujer, mientras que el socio del ex alcalde de Aljaraque fue el último en testimoniar ante la jueza.
Los cuatro imputados fueron detenidos en la mañana de ayer, después de una extensa investigación judicial, acusados de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, a raíz de la denuncia presentada por el promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso en mayo de 2007, en la que acusaba a Orta de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en sus 12 años como alcalde mediante el cobro de comisiones ilegales, situación que hacía extensible a su concejal de Urbanismo, Casto Pino.
