SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Área de la Mujer de IULV-CA se ha pronunciado sobre la presentación de denuncias por parte de nueve temporeras inmigrantes, las cuales forman parte del contingente de mano de obra extranjera que viene para trabajar en la campaña fresera, de posibles casos de abuso laboral y cuatro de ellas por supuesto acoso sexual en una finca fresera de Almonte (Huelva) señalando que "ninguna administración, especialmente el Gobierno central, puede afrontar este asunto con medidas distintas a una intervención decisiva y contundente con todos los medios que tiene a su alcance" para "defender a ultranza" a las "miles" de mujeres que trabajan en las campañas de recolección de las fresas de la provincia de Huelva.
Por ello, la federación exige en un comunicado que "se atiendan las denuncias presentadas" y que todos los agentes implicados en la actividad agrícola de la recolección de frutos rojos sean convocados por los nuevos responsables gubernamentales para "dilucidar con detalle" lo que está ocurriendo en el campo onubense, porque "es totalmente evidente que nos encontramos ante mujeres de la clase trabajadora que, por culpa de la desregulación laboral impuesta por el corrupto gobierno del PP primero y antes por el gobierno del PSOE, forman parte de un colectivo que se encuentra totalmente indefenso".
Hay mujeres que trabajan como temporeras en el campo onubense que "están siendo víctimas de una situación de explotación laboral extrema, ya que hay que recordar que por un salario de unos 37 euros al día, según convenio, de los que se les descuentan los gastos que tienen que afrontar por vivir lejos de sus propios domicilios, tienen que trabajar sin apenas cobertura sindical ni de otro tipo, por culpa de la condiciones laborales a las que están sometidas".
Las denuncias que se han producido por abusos sexuales no hacen más que demostrar, a juicio de IU, que "en las campañas de recolección no se están haciendo las cosas bien" y que a todas las administraciones, desde la local, autonómica como la central, "les queda mucho por hacer para empezar a remediar esta situación, ante lo que resulta fundamental que las mujeres trabajadoras dispongan de unas condiciones de vida digna, con salarios justos que se equiparen a la riqueza que acumula cada año el gran capital agrícola y puedan con sus propias voces defender sus derechos".
Para ello, las administraciones tienen que abordar esta problemática como "una prioridad absoluta" y "no cejar en el empeño que les exigimos para que las mujeres trabajadoras puedan defender y conservar sus derechos como personas, como trabajadoras a las que no se les puede seguir explotando y que se erradique de raíz cualquier situación en la que, además de ser explotadas laboralmente, se pretenda también explotarlas sexualmente".
El Área de la Mujer de IU exige que las administraciones y la patronal tienen que asumir su responsabilidad para garantizar que las condiciones de vida de las mujeres se salvaguarde siempre y puedan vivir en condiciones de igualdad y dignidad, sin tener que estar "dirigidas" por personas ajenas "que sólo pretenden usarlas como mano de obra barata y, como se ha denunciado en algunos casos, como víctimas de abusos sexuales".
