ARACENA (HUELVA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva, Carmen Lloret, ha defendido este sábado en el municipio onubense de Aracena, con cuyo alcalde, Manuel Guerra, ha mantenido un encuentro de trabajo, que el decreto que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, que entrará en vigor el próximo mes de marzo, "no pretende regularizar la situación de construcciones ilegales de forma indiscriminada".
En vez de eso, ha precisado que pretende "dar una respuesta para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular".
Por su parte, la Delegación de Obras Públicas ha informado en un comunicado que el regidor de Aracena ha manifestado su satisfacción por la creación del decreto, que ve como "una nueva herramienta que permitirá la ordenación del territorio", aunque ha apuntado que se necesita "la colaboración entre administraciones para su correcta aplicación".
El referido decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 30 de enero, distingue, a grandes rasgos, tres supuestos; en concreto, las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos --parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos--, y los denominados ámbitos de 'Hábitat Rural Diseminado', que son edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos.
De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad, "bien de obtener una licencia de ocupación o bien de reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de suministro de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento".
