HUELVA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes que lo que pase judicialmente en el juicio de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente irregulares, refiriéndose a la declaración del expresidente de la Junta Manuel Chaves como investigado, fechada para este lunes, "no lo absuelve políticamente".
"Nosotros tenemos muy claro el ambiente de impunidad, las irregularidades que se permitieron y la arbitrariedades realizadas por un director general --refiriéndose a Francisco Javier Guerrero--, del que sí tienen responsabilidad quienes lo mantuvieron en el cargo", ha remarcado Maíllo en declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de participar en la concentración convocada por la plataforma en defensa de las pensiones públicas.
"Chaves está declarando ahora y cuando lo escuché haré una valoración, pero no podemos olvidar que lo que pase judicialmente no absuelve políticamente a quienes fueron responsables de un gobierno, que presume de controlar todo lo que se mueve en Andalucía, y que ahora diga que hubo un director general, durante diez años, y no se sabe lo que hacía", ha remarcado Maíllo.
"Políticamente tuvieron responsabilidad muchos de ellos", ha subrayado el líder de IU, quien ha señalado que a los responsables políticos, incluyéndose a él mismo, "no les toca ser juez de nada porque no lo somos, sino responsables de lo que no puede volver a repetirse, de lo que no puede volver a establecerse sin controles respecto a los recursos públicos y del aprendizaje sobre las políticas en defensa del empleo, que es la mayor condena política".
"Hay que tener en cuenta que se dedicaron millones de euros para pagar una paz social y se abandonó la planificación de reindustrialización en un desierto industrial en el que se estaba convirtiendo Andalucía", ha concluido Antonio Maíllo, refiriéndose también a "la resignación de no crear tejido económico frente a la necesidad de haberlo abordado".
Cabe recordar que el que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009 se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal.
