HUELVA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Ría propondrá al Ayuntamiento de Huelva en el próximo Pleno que requiera a la Audiencia Nacional el inmediato embargo de bienes de Fertiberia por un valor exacto de 65,9 millones de euros para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales de fecha 21 de julio de 2015 y 30 de octubre de 2019, tras conocer la noticia de que Fertiberia trata de eludir el pago del aval de casi 70 millones de euros.
El gravísimo problema medioambiental que acarrean las balsas de fosfoyesos requiere de una intervención contundente por parte de todas las Administraciones implicadas, si lo que se desea es alcanzar una solución definitiva a esta situación, ha sostenido la Mesa de la Ría por medio de un comunicado.
La organización incluirá en la propuesta que el Ayuntamiento inste al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que resuelva negativamente el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto presentado por Fertiberia para enterrar los fosfoyesos para que "no sea partícipe de la treta de dilaciones injustificadas llevada a cabo por dicha empresa".
El concejal de Mesa de la Ría Rafael Gavilán ha opinado que "Feriberia se ríe de la Justicia, de Huelva, de sus ciudadanos y de las instutuciones que los representan".
El colectivo ciudadano cree necesario que el Ayuntamiento debe dirigirse a la Audiencia Nacional, de la misma forma que lo ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica y la propia Mesa de la Ría, para solicitar que se lleven a cabo las medidas coercitivas previstas en la jurisdicción contencioso administrativa y se proceda al embargo de los bienes de Fertiberia por valor de 65,9 millones de euros.
"La sociedad onubense ha sido clara y unánime en multitud de ocasiones, manifestando de manera clara e inequívoca que no va a admitir ninguna solución parcial ni de carácter provisional", ha sostenido la Mesa de la Ría en un comunicado, que ha proseguido considerando que "el rechazo al proyecto de enterrado de los residuos presentado por Fertiberia, la empresa condenada a reparar el daño medioambiental causado, ha contado con el rechazo y la oposición de la práctica totalidad de los agentes económicos y sociales de la ciudad".
