HUELVA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los municipios onubenses de más de 20.000 habitantes deberán elaborar Planes Urbanos de Movilidad Sostenible, según recoge el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, aprobado el 16 de septiembre y que el Consejo de Gobierno prevé llevar al Parlamento en el segundo periodo de sesiones de 2015.
A Huelva capital, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaza, Lepe y Moguer se sumarán en esta obligación legal todos los municipios en los que el Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Huelva, actualmente en elaboración por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, detecte problemas, carencias o necesidades especiales en materia de movilidad, según ha informado la Junta en una nota de prensa.
De este modo, el director general de Movilidad Sostenible, José Luis Ordóñez, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, María Villaverde, se han reunido este martes con agentes sociales, económicos y grupos ecologistas de la provincia para presentarles el contenido del anteproyecto, --hasta el 17 de octubre en período de información pública--, y a quienes han animado a participar para enriquecer el contenido final de la normativa.
El anteproyecto de la Ley estará expuesto en la Dirección General de Movilidad, en la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en la Avenida Diego Martínez Barrio, 10; y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda. Además se podrá consultar a través de la página web www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda.
La LAMS persigue incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías, además de promover un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir de servicios, de ahí que la norma recoja cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015.
De estos planes, Ordóñez ha comentado que ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de ellos, el de mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías.
El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.
Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en tramos de competencia autonómica.
COSTES EXTERNOS
Los Planes Urbanos que deben realizar los ayuntamientos incluirán: un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible; trazados de plataformas reservadas para el transporte público; trazados de vías ciclistas y peatonales; medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos; mapas de zonas de calmado de tráfico; caminos escolares seguros; una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento; objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible; un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación; y un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas.
Dichos Planes Urbanos deberán, a su vez, identificar los centros generadores de movilidad de sus municipios, entre ellos centros de trabajo con 200 o más personas; centros educativos con más de 250 personas, entre alumnado y profesorado; polígonos industriales y parques empresariales; grandes superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal; estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Estos centros deberán elaborar también planes de movilidad sostenible.
Los ayuntamientos serán los responsables de redactar y aprobar sus respectivos Planes Urbanos, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.
El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un incremento significativo de la movilidad tendrán que ir acompañados de un estudio específico sobre el tema. Este documento evaluará los desplazamientos potenciales generados; determinará la capacidad de absorción de las infraestructuras existentes y planteará posibles medidas correctoras. La Consejería de Fomento y Vivienda emitirá un informe vinculante en un plazo de tres meses.
BICICLETAS
El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.
En cuanto al transporte de mercancías, la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el intercambio modal. Asimismo, promoverá la implantación de microplataformas logísticas para la distribución de mercancías en el entorno urbano.
El anteproyecto obliga a las operadoras, en materia de transporte público colectivo, a ofrecer en el plazo de un año información en Internet de rutas y horarios, y la posibilidad de adquisición de billetes para los desplazamiento de media o larga distancia en autobús.
Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen proyectos de espacios urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de financiación para los mismos. Las características mínimas que deberán reunir las localidades acogidas a este programa se desarrollarán en un reglamento.
