HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, insistió hoy en que "no está de acuerdo" con el informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre "el alarmante déficit" de los juzgados aprobado el pasado mes de diciembre por la Sala de Gobierno del Tribunal andaluz, ya que éste "no es riguroso".
En rueda de prensa en Huelva, tras presidir la toma de posesión del nuevo delegado provincial de su Departamento, Manuel Enrique Gaviño, Naranjo indicó que "no se ha hecho con la rigurosidad y la profesionalidad que merece el asunto ya que ha sido realizado por los propios jueces", los cuales, en su opinión, "saben de muchas cosas pero no de reorganización de recursos humanos".
Este informe, según señaló la consejera, se presentó un mes y medio después de que se presentara en la misma sala el proyecto que "está llevando a cabo una reorganización de los recursos humanos de la justicia", del que apuntó que "por primera vez se va a realizar de una manera independiente".
Asimismo, destacó que "no lo va a realizar la administración sino expertos profesionales en la materia para que se entienda que se trata de una cuestión independiente", a lo que añadió que, tras la realización del mismo, "se adoptarán las medidas necesarias en toda la comunidad autónoma".
Por otro lado, la titular de Justicia indicó que se ha configurado una comisión en la que estarán presentes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Andalucía a través del TSJA, la Fiscalía superior de Andalucía y las entidades sindicales con mayor afiliación, que "realizará un seguimiento mientras dure este proyecto".
En cuanto a la interinidad de los funcionarios en el sistema judicial apuntó que es "una cuestión que está reflejada en España en todas las administraciones públicas", sin embargo destacó que "otro asunto distinto es que por falta de personal se haya tenido que recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para demandar ciudadanos que tienen la misma oportunidad y el derecho a obtener un puesto de trabajo, siempre y cuando cumplan las exigencias académicas".
Asimismo, indicó que los laborables de la administración judicial son "excelentes trabajadores formadas para el trabajo que realizan" y el hecho de que "los haya excelentes, muy buenos, y regulares, como en todas las profesiones, no es motivo para que se esté permanentemente demonizando el trabajo y la labor que realizan".
