El actual gobierno (ICAR) se plantea iniciar acciones penales ante Fiscalía "por el tráfico ilícito de trabajadores"
CARTAYA (HUELVA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha declarado el carácter indefinido no fijo de un empleado del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), por considerar que el mismo ha sido víctima de un caso de "cesión ilegal" de mano de obra, con implicación activa de la Fundación de Trabajadores Extranjeros de Huelva (Futeh) y la Asociación de Apoyo a los Trabajadores Temporeros (AATT) que, presidía y actualmente sigue presidiendo el exalcalde socialista de la localidad Juan Antonio Millán, por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a readmitir o a indemnizar a este trabajador.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la sentencia establece que la Futeh y la AATT "actuaron entre 2006 y 2011 como empresas interpuestas para la cesión ilegal de trabajadores".
La sentencia reconoce que a este trabajador, desde junio de 2006 a junio de 2011, "se le destinó desde el primer momento, de manera permanente y no meramente coyuntural, a prestar servicios cuyo beneficiario exclusivo era el Ayuntamiento de Cartaya, utilizando el despacho y los medios materiales facilitados por este último".
Así detalla que "quedó integrado desde un primer momento en la estructura organizativa del Ayuntamiento, a pesar de que los contratos de trabajo estaban formalizados en ocasiones con la fundación y en otras con la asociación".
Como consecuencia de todo ello, la propia sentencia estima que el trabajador "nunca trabajó ni para la Futeh ni para la AATT, empresas para las que fue contratado", y establece que "aparte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas de tráfico ilícito de trabajadores, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades laborales y de Seguridad Social".
La sentencia, según asegura el actual equipo de Gobierno, pone de manifiesto que tanto la Futeh como la AATT, fueron "utilizadas" por Juan Antonio Millán como "empresas interpuestas o pantallas para la cesión ilegal de trabajadores que realizaban tareas municipales y que de esta forma podían ser contratados de forma temporal de manera fraudulenta".
Por todo ello, el nuevo gobierno municipal se plantea la posibilidad de iniciar acciones penales ante la Fiscalía no sólo como consecuencia del "tráfico ilícito de trabajadores" que la propia sentencia reconoce, sino, además, "para que investigue la posible justificación fraudulenta de las subvenciones que hubieran podido percibir entre 2006 y 2011 la Futeh y la AATT con nóminas ficticias correspondientes a este y a otros trabajadores que, en realidad, eran empleados municipales".
EXIGIR RESPONSABILIDADES
El alcalde, el independiente Juan Polo, ha anunciado también que la Corporación tomará las medidas necesarias para exigir responsabilidades, porque finalmente el Ayuntamiento resulta "perjudicado por la acción del anterior alcalde, que atenta directamente contra los intereses de los propios ciudadanos y de los empleados municipales, ya que es el Consistorio quien tiene que hacerse cargo de la indemnización correspondiente".
El actual equipo de Gobierno asegura que "se confirman las graves irregularidades" que le llevaron a desvincular al Ayuntamiento de ambas empresas, que continúan presididas por Millán, y ha anunciado que exigirá responsabilidades por lo que la propia sentencia reconoce como "tráfico ilícito de trabajadores".
