LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la Palma del Condado (Huelva) ha otorgado este viernes una orden de protección solicitada por una vecina de la localidad tras diez años denunciando los malos tratos a los que era sometida por parte de un familiar con el que compartía domicilio.
La investigación llevada a cabo por la Unidad especial de violencia familiar de la Policía Local de Almonte (Prommesas) ha sido "determinante" para que en esta ocasión el Juzgado haya considerado pertinente otorgar dicha orden mientras investiga el caso, según ha informado la mencionada unidad en un comunicado.
Han indicado que "la mujer se veía obligaba a utilizar tan sólo una habitación de la vivienda debido a las coacciones permanentes a las que era sometida por parte de este familiar provocando que las condiciones higiénicas y de salubridad en general no fueran las más idóneas con la única intención de que abandonará el domicilio familiar".
Del mismo modo, han señalado que "los insultos, humillaciones, vejaciones y golpes a esta mujer se producían con bastante asiduidad y aunque muchas veces fueron denunciados la falta de pruebas en los juicios provocaba que no se pudieran adoptar medidas de protección".
Después del último episodio de violencia, sucedido el día 30 de enero, la Unidad Prommesas se hizo cargo de la investigación y procedió a las 12,00 horas de este jueves a la detención del presunto autor de los hechos que ha sido puesto a disposición judicial este viernes.
Según han indicado, "la escrupulosa investigación a lo largo de tres semanas, esta vez sí, ha aportado suficientes indicios para dar credibilidad a lo que ésta persona denunciaba, no siendo tarea fácil para los agentes debido a la problemática que suscita aportar pruebas en los delitos que se producen en el ámbito familiar".
El supuesto autor ha sido detenido por los delitos de trato inhumano o degradante, malos tratos habituales, diferentes delitos de malos tratos, coacciones graves, vejaciones y amenazas y ha sido obligado por la orden de protección concedida a ser él, finalmente, el que deba abandonar la vivienda.
