HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los diputados nacionales por el PSOE de Huelva en el Congreso de los Diputados Josefa González Bayo y José Juan Díaz Trillo han presentado una serie de preguntas para que el Gobierno conteste por escrito sobre la continuidad de la línea Huelva-Zafra y la previsión del Ejecutivo central sobre la misma de cara a 2018.
Según reza en el escrito presentado por el PSOE, consultado por Europa Press, los socialistas consideran que la Línea Huelva-Zafra es una infraestructura ferroviaria con "deficiencias, que ha sufrido una reducción en el número de trenes a lo largo de estos años", una problemática que durante últimos años ha movilizado a la sociedad onubense, la cual ha solicitado en varias ocasiones la permanencia de la vía férrea.
De hecho, muchos han sido los colectivos que han mostrado su postura en defensa de la Huelva-Zafra, como la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Huelva o grupos de ciudadanos que espontáneamente se han unido y recogido firmas para mostrar su descontento ante el posible cierre del servicio diario, los cuales muestran su temor de que este histórico tren sea suprimido con la nueva Obligación de Servicio Público (OSP) que prepara el Ministerio de Fomento.
Incluso la sociedad civil y política ha creado una plataforma en defensa por la infraestructura de Huelva, denominada Agrupación de Interés por las Infraestructuras, donde participan más de un centenar de colectivos, incluyendo en sus reivindicaciones el mantenimiento de esta línea.
Por todo ello, el PSOE espera que el Gobierno conteste sobre si tiene contemplada la continuidad de la línea Huelva-Zafra; si tiene previsto el Ministerio de Fomento para el año 2018 ampliar los horarios; qué previsión existe de cara a 2018 para su mantenimiento, así como sobre la inversión que se ha llevado a cabo en la línea Huelva-Zafra desde 2011 a la actualidad.
Cabe recordar que hace unas semanas los socialistas registraron una petición de comparecencia para el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ante "el temor fundado de que la obligación de servicio público de esta línea esté en peligro" y al considerar que "el Gobierno tiene que pronunciarse claramente".
