HUELVA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha rebajado a un año y medio y a nueve meses de prisión para un hijo y su padre, respectivamente, de los dos años que solicitaba, por un delito contra la ordenación del territorio al presuntamente adquirir una finca rústica en Aljaraque (Huelva) y realizar en la misma una parcelación ilegal al ser contraria a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loula), con el fin de vender las cinco subparcelas resultantes, de unos 2.000 metros cuadrados, tras instalar en ellas casas de madera o similares.
Durante el juicio, celebrado este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, el hijo ha reconocido los hechos, mientras que el padre se ha acogido a su derecho de no declarar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Según reza en el escrito de la Fiscalía, las viviendas, instaladas en suelo no urbanizable sin especial protección y careciendo de licencia municipal, constan de una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños-aseos.
Dos de ellas fueron supuestamente usadas por sus propietarios, con antecedentes penales por defraudación tributaria y por estafa, como segundas residencias mientras no las vendían, mientras que otras dos fueron vendidas en documento privado por el acusado en 2011 y 2013 y una tercera por valor de 20.800 euros, cuyo nuevo propietario, al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña.
A su vez, según recoge el fiscal en su escrito, en junio de 2013 el hijo anunció en Internet, en una página de compra-venta, la venta de parcelas en la finca reseñada por un precio de 60.000 euros con casa construida y de 25.000 euros sin ella, pero al ser detectada esta circunstancia por agentes de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía, se elaboró un atestado, que fue remitido a esta Fiscalía denunciando los hechos.
Como responsabilidad civil, acuerda la demolición-retirada de las edificaciones reseñadas a cargo de los acusado y previa elaboración de un proyecto técnico, que con el visto bueno del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado. En su defecto los acusados abonarán al ayuntamiento el coste de su demolición.
