LEPE (HUELVA), 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa han condenado las agresiones sufridas en los últimos días por una enfermera y una celadora del centro sanitario de Lepe (Huelva), ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su labor y han mostrado "su más enérgica repulsa a esta clase de actos". Ante lo ocurrido, se ha activado el protocolo correspondiente para estos casos.
Según han informado a Europa Press desde la Delegación de Salud, la Administración autonómica ha insistido en que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, "no puede justificarse bajo ningún concepto".
De este modo, a raíz de estos sucesos, el Distrito Huelva-Costa ha activado el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado.
Esta actuación se enmarca en el 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones.
En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que el profesional decida denunciar lo ocurrido, como así ha ocurrido en estos casos. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS.
En este sentido, han recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.
El sistema sanitario público andaluz fue "el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales".
Este plan también ha permitido dotar a los centros sanitarios de la provincia de una amplia batería de medidas de seguridad y protección, --en concreto 1.766--, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas.
Además, con el objetivo de seguir avanzando en el abordaje de esta problemática, la Consejería de Salud ha impulsado una nueva medida en este ámbito: la designación de interlocutores sanitarios territoriales en cada provincia andaluza.
Esta nueva figura canalizará la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública andaluza y la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y las medidas de prevención promovidas por la Consejería. Los interlocutores provinciales realizarán además el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión.
