HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha solicitado este miércoles a la Inspección de Trabajo y a los gobernantes de la provincia de Huelva que se habilite un teléfono de producción independiente al sector agrícola para auxiliar de los posibles "abusos de gravedad" a las temporeras de Marruecos, así como un control a través de un observatorio independiente formado por sindicatos del Magreb y de Andalucía "para atajar las complicaciones que surgen en el campo fresero".
Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Huelva la responsable de Inmigración del sindicato, Mercedes Domínguez, quien ha leído un manifiesto con una serie de peticiones, entre las que también ha destacado la solicitud de que se cumpla "como mínimo" los contratos de 90 días de trabajo "efectivo y liquidado" regulado por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "con sus descansos y sus horas extras a razón del convenio y no para el beneficio de la empresa como supuestamente están haciendo hasta ahora".
Además, el SAT ha solicitado "controlar y acabar con las deportaciones al Magreb" que, aseguran, "en ocasiones se llevan a cabo a los pocos días de las llegadas de las mujeres", apuntando que eso se produce "por orden de las empresas que indican que esas mujeres no sirven".
Domínguez ha pedido asimismo que se amplíe la dotación de inspectores y que sean autorizadas --acorde proporcionalmente al volumen de trabajo en plena campaña-- las visitas sin previo aviso para que "constate el cumplimiento del derecho de las trabajadoras", así como que por parte de las comarcas freseras, empresarios y mancomunidades se habilite un horario de microbuses por los campos y carreteras "conocidos frecuentemente por sus trabajadoras para acudir a los núcleos urbanos, así como locutorios, centros de salud, supermercados etc.".
Otra de sus solicitudes se centra en que en el momento de la firma del contrato en origen se habilite el alta sanitaria reglamentaria para evitar a las trabajadoras la burocracia "debido a la problemática de la barrera idiomática" y que los hospitales trasladen a la Inspección de Trabajo y los juzgados los casos que detecten de "envenenamiento" por glisofato, "así como de enfermedades propias del trabajo del campo y accidentes laborales".
Además, han presentado una petición por escrito a los ayuntamientos que tienen asentamientos en su territorio, para que den una "solución alternativa de habitabilidad" a las personas que habitan en los mismos "como casas más dignas, agua, luz y recogida de basuras".
Por su parte, la responsable sindical del SAT, María José Gordillo, ha solicitado a la patronal que "pelee el precio de los productos donde corresponda", remarcando que "los convenios están para cumplirlos".
Asimismo, ha criticado "que se esté machacando" a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "simplemente por pedir algo tan sencillo como que haya inspecciones en los trabajos", subrayando que "las inspecciones son tan necesarias como hace 20 años o más ya que hay abusos de todo tipo y vulneran todos los derechos que tenemos los trabajadores".
Además, con respecto a la contratación de mano de obra, Gordillo ha señalado que los empresarios "dicen que no los dejan contratar y no tienen mano de obra y lo que lo que no hay es mano de obra barata y esclavismo", añadiendo que "el miedo en Huelva está impuesto por parte de la patronal".
De otro lado, el portavoz nacional y secretario general del SAT, Óscar Reina, ha indicado que "todos los controles que se hagan son buenos, necesarios, de sentido común y de ley" apuntando que "el que cumpla la ley no tiene que temer nada".
A este respecto, Reina considera que "la mejor manera de dignificar el sector es respetar los derechos de la clase trabajadora y sus condiciones laborales", al tiempo que ha considerado necesario dignificar también los precios del producto "pero empezando desde abajo" por lo que ha pedido a los empresarios que "peleen el precio por arriba y no con los más indefensos que son los que sufren las canalladas de muchas empresas".
