LEPE (HUELVA), 26 May. (EUROPA PRESS) -
Los acusados en el caso de las VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva), que se derrumbaron en 1998 y para las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina en diciembre de 2007, defienden "la reparación" de las mismas "por encima de la reconstrucción".
Así lo explicaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, las que precisaron que estos testigos "reconocen el mal estado" de estas VPO, así como el tribunal "está considerando una ruina, que conlleva una reconstrucción", y estos acusados, aún con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratificó el derribo de estas propiedades, "hablan de rehabilitación".
Tras las declaraciones de cuatro últimos testigos en el Juzgado número 2 de Ayamonte --dos constructores, un técnico de la empresa de ingeniería Codexsa y un arquitecto-- quedan pendientes las conclusiones por escrito y la sentencia.
Además, estas fuentes reiteraron que los constructores de estas viviendas "buscan simplemente hacer un apaño, arreglar las casas para que se estabilicen", y dejaron claro que todos los testigos aportados por los acusados mantuvieron "muchas contradicciones en sus declaraciones, incluso en cosas que acababan de decir hace unos minutos".
Así, subrayaron que "intentan demostrar lo que es casi imposible", que no es más que "defienden que las casas tienen un mínimo defecto de resistencia en los muros".
Hace unos días, el TSJA ratificó el derribo de estas propiedades, sobre lo que estas fuentes precisaron que la sentencia estima que se deben derribar como medida cautelar y existe un plazo para hacerlo de tres meses.
Los perjudicados solicitarán que las VPO sean finalmente derribadas --tal y como ahora apoya el TSJA-- y se vuelvan a construir correctamente, así como pedirán daños morales por lo sucedido "porque hay personas que llevan once años pagando hipotecas, con problemas de ansiedad desde entonces", a lo que añadieron que se trata de personas jóvenes, en su gran mayoría.
Este juicio por la vía civil debe establecer las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios, que solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados --administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras-- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó en diciembre de 2007 la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe, que se derrumbaron en 1998, al determinar "prioritario" proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación.
