HUELVA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Este sábado se cumple un año desde que la plataforma ciudadana 'Justicia para Ramón' entregase en el Ministerio de Justicia la petición de indulto para el exalcalde de Los Marines (Huelva), José Ramón Rodríguez, alcalde socialista entre 1995 y diciembre de 2013, que fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia Provincial de Huelva por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística a nueve años de inhabilitación.
Así, vecinos de Los Marines, --municipio serrano de unos 480 habitantes--, se han concentrado este viernes en las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva para pedir que se haga "justicia" a José Ramón Rodríguez.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma ciudadana 'Justicia para Ramón', José Antonio Maestre Zarza, ha asegurado que han intentado hacer todas las gestiones posibles pero no han podido saber si se ha abordado o no en el Consejo de Ministros de este viernes la solicitud de indulto al exprimer edil, cuyo plazo vence este sábado cuando se cumple un año desde que fue presentada la petición ante el Ministerio de Justicia.
Este colectivo se concentró, asimismo, el pasado día 26 de enero en las puertas del Palacio de la Moncloa para que "se conceda este beneficio a un buen ciudadano".
De este modo, en un comunicado que se ha leído en la concentración de este viernes en Huelva esta plataforma ha solicitado, de nuevo, a la juez titular del Juzgado número 3 de lo Penal de Huelva que la pena a José Ramón sea suspendida de manera definitiva ya que "reúne todos los requisitos del artículo 80.2 del Código Penal" y por tanto, se puede "evitar que una persona ejemplar entre en prisión, conllevando la ruina absoluta para él y para su familia".
Así, esta plataforma, que ha dejado claro que "cree en el Estado de Derecho", ha señalado que, a veces, "también este sistema comete errores" y por ello, sostienen que para que "una pena sea justa, debe ser proporcional al delito cometido" y al no ser así, "produce una absoluta injusticia".
En definitiva, han solicitado al Juzgado número 3 de lo Penal de Huelva y al Gobierno de España que "concedan la suspensión definitiva de la ejecución de la pena, o bien sea concedido el indulto".
Hay que recordar que el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número tres de Huelva acordó suspender la ejecución de la pena de prisión a Rodríguez mientras se resolvía la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia, estableciendo como fecha límite para esta paralización el próximo 18 de febrero. Por ello, la plataforma ha presentado un recurso de reforma ante este juzgado pidiendo la suspensión definitiva de la pena y también en apelación a la Audiencia, al comprender que "se cumplen todos los requisitos del artículo 80.2 del Código Penal".
Por su parte, la plataforma entregó el pasado mes de marzo en el Ministerio unas 4.000 firmas en apoyo a la solicitud de indulto, así como una serie de cartas, y en febrero del año pasado centenares de personas, entre unas 500 y 600 según los convocantes, se unieron en Aracena a la manifestación convocada en su defensa.
Rodríguez fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia onubense por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística; a nueve años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.660 euros, momento en el que éste renunció al acta de concejal no adscrito que mantenía desde que fuera condenado en primera instancia y decidiera abandonar las siglas del PSOE. A su vez, en 2009 fue condenado a otros seis meses de prisión por un delito contra el mercado y consumidores, un delito que desde la plataforma entienden que "no deben computarse al ser leve".
En la primera sentencia se considera probado que el condenado, en calidad de promotor, llevó a cabo, entre 2006 y 2008, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sótano y porche en una finca de su propiedad, a 500 metros de su domicilio habitual, situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por su parte, la Audiencia confirmó en diciembre de 2016 la denegación de la suspensión de la pena por el juzgado de lo penal.
