MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra el administrador de una empresa de instalación de placas solares por el accidente de trabajo que sufrió un empleado cuando estaba realizando la colocación de un equipo de energía solar en un chalé de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, al caerle un depósito encima de una mano.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, en junio de 2008 el acusado, al ser el administrador de la empresa, "gestionaba y dirigía" los trabajos encomendados a los empleados y adoptaba las decisiones empresariales. Así, para la instalación de un equipo en un chalé contrató a tres trabajadores.
La acusación precisa que por las características arquitectónicas de la zona en la que debía colocar el depósito de agua, la grúa facilitada por el acusado a los operarios para dicha tarea "resultaba insuficiente por cuanto no alcanzaba hasta el lugar del tejado" en el que se debía instalar. "Pese a ello, el acusado no facilitó un equipo de trabajo más adecuado", apunta el escrito.
Por esto, los tres trabajadores comenzaron la colocación a pulso "sin tampoco encargar a persona alguna el control y vigilancia". Una vez situado el depósito sobre el tejado, los operarios se disponían a colocarlo en la estructura "sujetándolo a pulso", momento en el que uno de los trabajadores perdió el equilibrio por la irregularidad del suelo y por el peso, explica el ministerio fiscal.
El depósito cayó sobre la mano izquierda de dicho operario, que como consecuencia sufrió la sección de uno de los nervios, lo que provocó que le quedara como secuela una limitación funcional parcial de dos de los dedos, según la Fiscalía, que señala que los otros dos empleados también "estuvieron expuestos" a sufrir daños físicos, "puesto que realizaban su tarea en iguales inseguras condiciones".
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores, por los que solicita en total 20 meses de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación para cargos de administración o dirección de empresas del sector durante la condena. Asimismo, insta a que indemnice al empleado con más de 17.000 euros.
