21 de septiembre de 2020
14 de agosto de 2020

Adelante en la Diputación de Málaga plantea movilizaciones e iniciativas para evitar el cierre del centro Guadalmedina

Adelante en la Diputación de Málaga plantea movilizaciones e iniciativas para evitar el cierre del centro Guadalmedina
Asamblea contra el cierre del Centro Guadalmedina de la Diputación y el traslado de los pacientes - ADELANTE MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo provincial de Adelante Málaga en la Diputación, Teresa Sánchez, ha participado este viernes en la asamblea convocada por los sindicatos CCOO, UGT y ASED, miembros de la plantilla y de las bolsas de trabajo y familiares de usuarios del centro de atención especializada Guadalmedina, cuyo cierre se ha anunciado dentro de la cesión total de los terrenos del Civil a la Junta de Andalucía para la construcción del tercer hospital.

Pese a que la institución ha señalado que los pacientes serán trasladados al centro San Juan de Dios, concertado por la Junta de Andalucía, y los trabajadores reubicados en otros centros, durante la asamblea los familiares han señalado que se sienten "engañados" y que les han puesto "entre la espada y la pared al decirle que, o aceptan el cierre y el traslado a un centro privado o que se busquen la vida".

"Es muy grave, más aún en un contexto de pandemia como el actual. Es un chantaje intolerable, por ello vamos a seguir sumando fuerzas para evitar el cierre", ha trasladado Sánchez, quien ha incidido en que a las movilizaciones e iniciativas que presentará su grupo los familiares están asesorándose para emprender acciones legales "en defensa de los derechos que asisten a los usuarios y que, entienden, están siendo pisoteados".

Al tiempo, según Sánchez, se está en contacto con el grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía para fiscalizar los convenios que puedan elaborar la Junta y la Diputación.

"El cierre previsto por el PP y Cs afectará a 29 usuarios, aunque podrían ser 50 si el centro estuviese a pleno rendimiento, algo que no es una realidad porque el PP lleva años impidiendo nuevos ingresos para favorecer la estocada final que ahora quiere darle a este recurso", ha expuesto, y ha augurado que tras el centro Guadalmedina "la amenaza pasará a los dos únicos centros que aún gestiona de forma directa la Diputación, la residencia de La Vega de Antequera y el Virgen de la Esperanza".

Desde Adelante han recordado que al cierre del Guadalmedina "le han precedido otros desde que el PP accedió al gobierno de la Diputación en 2011" y han citado "la residencia de mayores Los Montes, la guardería provincial, el Centro Básico de Acogida, la residencia de Mayores San Carlos de Archidona, la Unidad de Estancia Diurna de Alzheimer, el Centro Cívico y la Escuela Universitaria de Enfermería. Un grave desmantelamiento de lo público".

Sánchez ha indicado que el cierre y los traslados del centro Guadalmedina "se prevén como inminentes, aunque desde el Gobierno de Salado no han confirmado nada". "Lo cierto es que ni el convenio entre la Diputación y la Junta para la cesión de los terrenos, ni el acuerdo entre la Junta y el San Juan de Dios, el centro al que se quiere trasladar a los usuarios, están firmados. Por ello, aún no es definitivo y confiamos en que con la presión que estamos realizando podamos dar marcha atrás a la situación", ha enfatizado.

La delegada de CCOO en el centro Guadalmedina, María Espinosa, entiende que ni el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; ni el presidente de la Diputación, Francisco Salado, "tiene derecho a desahuciar a unas personas, menos aún en mitad de una pandemia, ya que es exponerlos a un peligro innecesario".

"El máximo responsable será el presidente Salado por no garantizarles una tutela efectiva, que en algunos casos la Diputación tiene encomendada desde hace 40 años. No nos han dado oportunidad de hacer propuestas ni a los 59 miembros de la plantilla ni a las familias de los usuarios. Es un atropello", ha subrayado.

Patro López, representante de UGT en el Centro Guadalmedina, ha denunciado que "a pesar de tratarse de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y que más de la mitad de ellas no tiene familia, los van a echar de su casa y a muchos les arrebatarán además su familia, que somos la plantilla del centro. No es cierto que ese espacio sea necesario e indispensable para construir el tercer hospital".

Paula Rojas, madre de un chico usuario del Guadalmedina desde hace 17 años, ha señalado con indignación que esa "es su casa, está perfectamente cuidados y atendidos" y ha sostenido que desde la Diputación le han tendido "una encerrona: nos convocaron para hablar supuestamente del COVID, pero en realidad nos soltaron la bomba del cierre, en pleno agosto y en plena pandemia, es un trato inhumano. Solo quieren acabar con lo público para privatizarlo todo, para ellos nuestros familiares son solo números".